Ganancias: Volver a ser un impuesto progresivo
La mayoría de las discusiones en torno al Impuesto a las Ganancias giran en torno del sueldo a partir del cual los empleados tendrían que tributar, conocido como “mínimo no imponible”.
En este tema, que estará presente en las negociaciones con los sindicatos, posturas de distintas extracciones parecen competir por ver quién propone el piso más alto (30 mil, 40 mil, 50 mil pesos). Pero, sin dejar de señalar que este tema es relevante, lo importante pasa por otro lado.
La clave en la modificación que propondrá el Gobierno al Congreso pasa por la combinación de las nuevas deducciones con una actualización de la escala de alícuotas y su posterior ajuste automático para seguir la inflación.
¿Por qué? Mientras el mínimo no imponible marca la cantidad de personas alcanzadas por el impuesto, la escala de alícuotas señala cuánto pagará cada una. Hoy, alrededor del 10 % de los asalariados (más los autónomos y parte de los jubilados) tributa Ganancias. Son los que tienen ingresos medio-altos y altos. Si se subiera el piso a niveles demasiado altos (¿50 mil pesos?) entonces, pasarían a pagar muchas menos personas.
En el mundo, el impuesto a la renta es uno de los pilares de la tributación. El otro es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, como se aplica sobre casi todos los gastos de un hogar, es más regresivo. De todos los recursos que la Nación recaudó en 2015 para financiar los gastos del Estado, la prestación de servicios y el pago de jubilaciones y beneficios sociales (incluidos subsidios), el 32 % correspondió a aportes y contribuciones de seguridad social, sobre el salario, monotributo y autónomos; el 26 % lo aportó el IVA y sólo el 23 %, Ganancias.
Como reducir el peso de este impuesto a los ingresos implicará que el Gobierno tiene que salir a buscar fondos de otro lado o cortar gastos, la modificación tiene que tener ciertos límites. No hay dudas de que, tal como está hoy planteado, el Impuesto a las Ganancias es inequitativo (no hay dos personas que ganen lo mismo y tributen igual), irrazonable (se toma como parámetro lo que uno cobró en 2013 sin importar si cambiaron o no sus circunstancias) y casi nada progresivo (casi todos quienes tributan soportan la alícuota máxima del 35 %).
Unificar el nivel de deducciones–las que conforman el llamado mínimo no imponible–es una prioridad y también lo es fijar un piso de tributación más elevado para recuperar lo perdido por la inflación de los últimos años. Pero no debería ser un drama para los empleados de sueldos medios seguir pagando el Impuesto a las Ganancias. El mínimo de 30.000 pesos en bruto podría ser adecuado ya que supera el monto de dos salarios promedio a junio de 2015, según el último dato del Indec. No es lo mismo cobrar, por ejemplo, 30.000 pesos netos y sufrir una retención de 5.000 pesos de Ganancias por mes, que ganar ese monto y pagar menos de 500 pesos mensuales de impuesto. El verdadero problema en esta discusión no es cuántos trabajadores, jubilados o autónomos (eternos olvidados) tributan y a partir de qué sueldo, sino cuánto es el monto que pagan.
Si las alícuotas vuelven a tener relevancia, quienes tienen ingresos medios tributarían muy poco y el peso del impuesto aumentaría a medida que su sueldo crece. Ni más ni menos que volver a hacer de Ganancias un impuesto realmente progresivo.
Modificación de Ganancias
El oficialismo se apresta a discutir el Presupuesto 2017 junto con un cambio integral del Impuesto a las Ganancias y una ley que limitará los llamados “superpoderes” del jefe de Gabinete para ampliar o reestructurar partidas.
Hasta ahora, el ministro de Hacienda dejó trascender sólo algunos indicadores de la nueva pauta. Superará los dos billones de pesos, calculará una inflación que irá decreciendo de 17 a 12 % y un déficit estimado de cuatro puntos del producto interno bruto (PIB).
Incluirá un pedido de endeudamiento fortísimo para canalizar inversiones en infraestructura y reactivar la economía. Por ello, algunos legisladores oficialistas que se reunieron con Prat Gay aventuraron que el crecimiento previsto rondará los 2,5 puntos del PIB y se saldrá de la recesión.
Una discusión muy tirante se dará en torno de la modificación de Ganancias, que irá en una ley paralela al Presupuesto 2017. Por ahora, sólo trascendió que las escalas serán cambiadas un poco hacia arriba y hacia abajo. La versión más firme es que la alícuota más baja pasará de 9 a 6 % y la más alta saltará de 35 a 40 %.
Pero la clave es que todos los tramos serán actualizados, luego de 15 años de estar congelados. Los gremios exigen a la Rosada que estos valores se actualicen teniendo en cuenta los años de inflación acumulada; por lo menos, los últimos seis. Pero en Hacienda analizan cambios “suaves” y esperan que los gobernadores influyan en los legisladores para que el costo fiscal no sea tan extremo, ya que las provincias costean la mitad.
Por otro lado, también trascendió que el mínimo no imponible no sería modificado, dado que se cambió vía DNU este año, cuando se elevó a 18.800 pesos para un trabajador sin hijos y a 25.000 para un jefe de familia tipo.
Frente al seguro embate opositor por los “superpoderes”, en Cambiemos preparan una oferta que el oficialismo califica de “razonable”: volver al límite del 5 % de las partidas del Presupuesto que existía antes del kirchnerismo.
Esto significa que la Rosada podrá ampliar el plan de gastos cuando haya más recaudación hasta ese límite (como tiene la Ciudad de Buenos Aires). Si se excede, debe enviar una nueva ley al Congreso. “El Presupuesto será ajustado a la realidad; no tendremos que hacer grandes ampliaciones”, prometen.
Ley de responsabilidad fiscal
Las provincias mostraron reparos en bajar de manera brusca la recaudación que perciben vía Impuesto a las Ganancias y explicitaron su apoyo a la iniciativa que impulsa la Nación de instrumentar cambios de manera gradual, en el marco de las conversaciones que se llevan adelante como parte de la reforma fiscal que impulsa el Gobierno que busca el equilibrio de las cuentas públicas.
La opinión de las provincias se conoció luego de una reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, en la que participaron los ministros de Interior, Rogelio Frigerio; y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien ofició de anfitrión.
En declaraciones a la prensa, se reconoció que todas las provincias avalaron una propuesta del Ejecutivo para bajar el Impuesto a las Ganancias. No obstante, advirtieron que la preocupación es la misma de siempre: que más allá de que se puede avalar y acompañar las decisiones de modificación del impuesto, hay que ser lo suficientemente responsables para analizar ese costo que no solamente perjudica al Gobierno nacional, sino también a las provincias y municipios.
Propuesta
La baja del Impuesto a las Ganancias es impulsada en el Congreso, entre otros por el Frente Renovador, de Sergio Massa, por el ARI, de Elisa Carrió, y es un reclamo permanente de la Confederación General del Trabajo, que busca reunirse con Prat Gay para dialogar sobre este tema.
Los cambios en la cuarta categoría incluyen un leve retoque al mínimo no imponible y una modificación de las escalas, bajando para los primeros salarios alcanzados y subiendo para los más altos.
El Palacio de Hacienda, de manera coincidente con lo dicho por las provincias dio cuenta de que los integrantes del Consejo expresaron que la reforma del impuesto a las ganancias es atendible y necesaria, pero que cualquier reforma tiene que contemplar la realidad fiscal de las Provincias y de la Nación, sin desfinanciar los presupuestos de las jurisdicciones. La rebaja del Impuesto a las Ganancias no puede afectar la prestación de servicios sociales esenciales como la educación y la salud por parte de las provincias, ni desatender el presupuesto de la obra pública nacional y provincial.
Es bueno recordar que durante este año la suba del mínimo no imponible de Ganancias tuvo un impacto fiscal de 50.000 millones de pesos, que afectó significativamente los recursos que se coparticiparon a las provincias y municipios. Es por eso que los miembros del Consejo consideraron que ninguna reforma debe desfinanciar aún más los presupuestos nacionales, provinciales y municipales.
Esta fue la segunda reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, un organismo que no se reunía desde el 2010, y que busca alcanzar un equilibrio en las cuentas públicas de la Nación y las Provincias. Y que sería necesario un análisis de la Ley de Responsabilidad Fiscal para una eventual modificación
El 31 de diciembre vencen todas las normas de responsabilidad fiscal que llevan tiempo sin cumplirse, tanto por parte de la Nación como por las provincias y la alternativa era prorrogar la “letra muerta en la práctica” o buscar opciones.