Después del tarifazo
El tarifazo en la luz cuestiona severamente la pretensión oficial de una salida ordenada o “gradual” del régimen económico anterior. La tarea de endosarle a las masas la bancarrota que deja el kirchnerismo tendrá que conducir a choques de fondo, a pesar de los esfuerzos de muchos por disimularlo
El tarifazo en la luz cuestiona severamente la pretensión oficial de una salida ordenada o “gradual” del régimen económico anterior. La tarea de endosarle a las masas la bancarrota que deja el kirchnerismo tendrá que conducir a choques de fondo, a pesar de los esfuerzos de muchos por disimularlo. Para empezar, el mismo tarifazo eléctrico será sucedido por otros ajustes y hasta por un régimen de indexaciones regulares -o sea, de ganancias aseguradas. Sus beneficiarios serán los mismos empresarios que usaron los subsidios del kirchnerismo para financiar el acaparamiento y concentración de empresas de energía, mientras sometían a sus instalaciones al mayor de los vaciamientos. Ahora, el macrismo quiere que las inversiones necesarias para salir de ese desquicio la financien los usuarios, otra variante de parasitismo.
A los aumentos en la luz, seguirán los tarifazos en el agua y en el gas. Pero, como el gas hace funcionar a buena parte de las usinas eléctricas, ello realimentará nuevos aumentos en la luz. La bola de nieve que se ha puesto en marcha no se detiene en los servicios públicos: los tarifazos golpean los costos de los monopolios agrarios e industriales, que reclaman una nueva devaluación. A sólo cuarenta días de haber levantado el cepo, el gobierno comienza a ser acusado de “atraso cambiario” por parte de sus mismos beneficiarios. Pero una nueva suba del dólar volvería a disparar los precios, cuando la conmoción por los aumentazos en la carne y otros alimentos, como consecuencia de la devaluación anterior, aún no se ha disipado. Frente a e! sta escalada, el gobierno ‘advierte’ sobre “las remarcaciones abusivas”, mientras satisface los reclamos de todos los remarcadores -o sea, hace la gran Moreno.
Pacto del ajuste y disgregación
La escalada inflacionaria y devaluatoria cuenta con la venia de los gobiernos provinciales y sus partidos, sean estos pejotistas, macristas o camporistas. Todos apuestan a engrosar sus presupuestos quebrados con la mayor recaudación que aporta la inflación galopante, mientras negocian a la baja los salarios de sus trabajadores. Esta es la base del acuerdo político que debaten los gobernadores y senadores pejotistas con el gobierno nacional. Macri condiciona un auxilio económico al ajuste en las provincias, y a un pacto parlamentario que le asegure el control de la Corte y la legitimación de los decretos de necesidad y urgencia. Es la transición entre el verano de decretazos y un régimen de compromisos políticos. Los tironeos de este pacto han conducido a una primera fractura en el viejo Frente para la Victoria, comandada por Urtubey y otros gobernadores. El kirchnerismo, que buscó hasta último momento un compromiso con estos rupturistas, buscará evitar nuevas disgregaciones con una línea de adaptación. Como señal de ello, Recalde, el jefe parlamentario de los K, se declaró dispuesto a “conversar” la derogación de la ley cerrojo, que habilitará al acuerdo leonino con los fondos buitre. Es que los camporistas, que ejecutan el ajuste allí donde gobiernan, también necesitan del auxilio oficial -e incluso de la Gendarmería, como pidió Alicia Kirchner en Santa Cruz. Las “plazas de la resistencia” son sólo la cobertura de esta bancarrota política.
Paritarias y despidos
A partir del cuadro anterior, es natural que todas las contradicciones del ajuste oficial se concentren en la situación de la clase obrera. El gobierno apuesta a resarcir las pretensiones simultáneas de los pulpos agrarios, del capital financiero y de los privatizadores de servicios públicos con una desvalorización histórica de la fuerza de trabajo.El primer paso es la escalada de despidos estatales y privados, que superan en cada caso a los 20.000 trabajadores. La extorsión de los despidos sobre las paritarias ha sido explicitada por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, al señalar que los trabajadores tendrán que optar entre “el salario o la preservación del empleo”, algo que le copió al “nac & pop” Carlos Tomada de circunstancias anteriores. Los porcentuales de 20 a 25% de aumento insinuados por el gobierno son irrisori! os, cuando la insospechada Standard and Poors anticipa una inflación del 35% para 2016. Esas estimaciones no contabilizan los aumentazos del último bimestre del año anterior, en el marco de la transición presidencial.
En este cuadro, el gobierno ha comenzado a urdir la desnaturalización de las paritarias. Por un lado, la pregonada reducción del impuesto al salario -que Macri prometió que sería “inmediata”- ha quedado postergada para el inicio del año parlamentario, con el objetivo de incluir la cuestión en el paquete de las paritarias. O sea que una reducción del impuesto quedará condicionada a una “moderación” en los reclamos salariales. Por otro lado, el gobierno ha saludado los acuerdos que postergan las paritarias a cambio de un régimen de sumas fijas (bancarios), mientras propone en otros casos una paritaria “corta” y con porcentajes menores, con la promesa de volver a negociar después. Después de aplicar su “Rodri! gazo en cuotas”, el gobierno planteará negociar sobre las “expectativas de inflación futura”, cargándole a los trabajadores la escalada de los aumentos y tarifazos pasados. Es una línea de demolición de las paritarias, que debería ser enfrentada con una acción obrera de conjunto. De Moyano a Caló, la burocracia sindical está en lo contrario: mientras hace retórica con los tarifazos, marcha a los acuerdos por separado o -como en el caso de petroleros- actúa como vocera de sus patronales, que refuerzan los subsidios que reciben del Estado estatales sin que por ello -como sucede en Neuquén- se deje de suspender o despedir trabajadores. Es imperioso, en este cuadro, que debatamos un programa, partiendo de la apertura inmediata de las paritarias, sin condicionamientos y con el reclamo de un básico equivalente a la canasta familiar, hoy en orden de los 17.000 pesos. El rechazo a las paritarias con techo, en medio del ajustazo, tiene una expresión concreta: el ajuste automático y mensual de los salarios con la inflación -ni más ni menos, lo que arrancaron los pulpos eléctricos en su propia “paritaria”. Ningún despido ni suspensión: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Abajo el tarifazo en beneficio de los parásitos: que se abran las cuentas de las privatizadas, lo que delatará una década de desvíos de subsidios en beneficio propio. Por la eliminación incondicional del impuesto al salario. Impulsemos reuniones y asambleas en todos los sindicatos, una acción de lucha y una estrategia de independencia política frente a todos los ajustadores, desde Macri a Alicia Kirchner.