El bache fiscal, la mayor apuesta del Gobierno

Dos hechos significativos cerraron la primera semana económica de 2018 y, por cierto, están unidos al relato de la recalibración de diciembre pasado. El primero fue la colocación anticipada de deuda por 9.000 millones de dólares. El Gobierno ya puso en caja cerca de un tercio de las necesidades de financiamiento que prevé hacer frente en 2018. Equivale el 60 % de los dólares que, se estima, serán necesarios para los requerimientos del Estado y que, en esencia, se destinarán a cubrir el agujero fiscal, la mayor apuesta del Gobierno.

En medio de la sorpresa que genera la vehemencia con la que toma deuda el Gobierno, la última colocación pagó tasas que están alrededor de un punto por debajo del costo que el país hacia frente un año atrás.

Esto despertó cierta algarabía por la estrategia de anticipación o abrir el paraguas antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a mover la tasa de referencia.

Los principales banqueros y operadores financieros elogiaron la movida. La conjetura universalizada es que la nueva escala de tasas que paga la deuda argentina provocará una tendencia descendente en la cotización del dólar.

Pero la moneda estadounidense volvió a cerrar de manera agitada la primera semana de enero. Y eso está relacionado con el segundo episodio. La “volatilidad verde” fue una respuesta a flor de piel por los reiterados rumores dirigidos a la salida del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Como sea, la cuestión con la recalibración es que, cuando uno recalibra, también lo hace el resto. Y no necesariamente para el lado esperado.

El Banco Central sumó días atrás un capítulo. Difundió un sesgado relevamiento de expectativas de inflación, que sólo consideró las respuestas que entraron antes de las 9 del 28 de diciembre. Hasta ese momento, el mercado esperaba una suba

de precios de 17,4 % para este año, casi un punto más que en el cierre de noviembre y más de dos por arriba de la nueva meta oficial del 15 %.

Pero, recalibración mediante, las proyecciones se ubican ahora entre 18 y 19 %. El pulso, por cierto, siempre es inquieto. Cuando estaba terminando 2016, el mercado auguraba para 2018 una inflación de 14,9 % (igual que la renovada meta), pero con el correr de los meses eso fue variando.

Algo similar podría acaecer de aquí hasta marzo, cuando se evalúe el impacto de los cambios tarifarios, producto de la cada vez más baja incidencia de los subsidios, un camino primordial para bajar el déficit.

Aunque la mira oficial parece más concentrada en la meta fiscal, el corto plazo juega su partido: el Banco Central debe decidir si mantiene las tasas en 28,75 % o si, acorde con la recalibración, las relaja.

Más polémica. La decisión de Federico Sturzenegger de bajar 75 puntos básicos la tasa de interés para dejarla en el 28 % volvió a meterle polémica al replanteo de los objetivos económicos que el Gobierno expuso sobre el final de 2017, cuando les otorgó mayor gradualidad a las metas inflacionarias.

Por sobre la tensión política entre la Casa Rosada y el Banco Central, hay al menos dos niveles de lectura por las consecuencias en la economía de esta decisión monetaria.

Una es la que realiza el consenso económico (economistas y empresarios) que no pierde de vista la necesidad de mantener un rumbo previsible en materia de metas, aunque la excesiva elasticidad no termine de convencerlos. Por eso pedía por lo menos 150 puntos de descuento y no la mitad de eso.

Es probable que con este nivel de baja de la tasa, el dólar se estabilice en torno de los 19 pesos, producto de haber ratificado el criterio general de la política monetaria y también de no dinamitar el refugio de los pesos para empatarle a la inflación con las Lebacs.

Un dólar en ese nuevo piso es, obviamente, más alto que el nivel que caracterizó a la mayor parte del año pasado; incide, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, pero no escapa a las metas que se había planteado el Gobierno en el arranque de 2017 cuando fijó un tipo de cambio a 18 pesos para esta fecha.

La otra lectura está más vinculada al sector productivo que demanda financiamiento para sus inversiones o que proyecta inversiones con sus propios recursos. Es difícil que en el sistema bancario un crédito para Pyme se ubique por debajo del 30 %, con lo cual la demanda de asistencia caerá.

Complementariamente, ese 28 % de tasa puede demorar cualquier plan de inversión, ya que es difícil encontrar actividades con tal nivel de rentabilidad, con la excepción de quienes deben cubrir demandas de expansión propias de su negocio, por caso el agro o las cementeras, y por oportunidades, como las energéticas.

La nueva tasa es, en definitiva, un mojón que indica un camino progresivo de reducción de la inflación, con el paraguas abierto para que no se dispare el dólar.

Los “ñoquis”, nada nuevo bajo el sol. Es un clásico argentino, al punto de que produjo una alusión inexplicable en otras latitudes: el uso de la palabra “ñoqui” para referir a esas capas geológicas de empleados fantasmas que proliferan en las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales, sin olvidar la Justicia y las universidades. Nada nuevo bajo el sol, podría deducirse.

Es un dato bastante conocido que cualquier administración trata de hacer espacio para proceder a incorporar a su propio aparato, sin orden de mérito o capacidad reconocida. Ahora el Congreso de la Nación es noticia, aunque vieja, conocedores todos de que cada legislador nombra a decenas de asesores entre los que se encuentran parientes y amigos, la mayoría de los cuales aumentarán luego la planta permanente. Al instalarse sistemas de ingreso de tipo antropométrico, han saltado a la vista no sólo los centenares de empleados que nunca fueron a trabajar, sino también los que baten récords de ausentismo.

Unos pocos ya renunciaron, otros están recibiendo intimaciones y muchos ahora concurren a edificios colmados donde no desempeñan tarea alguna y se instalan por horas en el comedor o matan el tiempo en los bares de los alrededores.

Si se quisiera agregar una serie a esta mala película que nos empecinamos en repetir, debería colocarse en primer plano esa rara anormalidad que desde 1983 nadie ha podido controlar, como lo es el elevadísimo ausentismo laboral, no pocas veces por razones clínicas, que en ciertos rubros alcanza niveles de excepción.

Todo favorecido por la exigua eficacia de un Estado que constantemente parece descubrir nuevas maneras para requerir más trabajadores, conformando la paradoja de que el empleo público crezca más que la población, mientras la eficiencia decrece en modo proporcional. Cada vez más sobrantes consiguen menos resultados, a la par que los mismos contribuyentes deben resignarse a los feroces ajustes de tasas y de impuestos cuya finalidad es mantener lo inviable.

Matemáticamente inadmisible, el modelo de gestión pública argentina mantiene a millones de personas cuyos salarios son abonados por contribuyentes cuyo número permanece estancado desde hace años. Salta–Provincia y Municipalidad–no constituye el mejor de los ejemplos en ese sentido: la planta de personal en la Administración Pública aumentó un 85 % desde 2005 a 2015 y destina el 58,44 % de los recursos al pago de sueldos.

No se trata de sustentar tesis antiestatistas, sino de recordar que el Estado debe servir a los ciudadanos, y no a la inversa.