Otras formas de desaparecer

Seis condenas más en Salta por crímenes de la dictadura

El Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a los seis acusados por crímenes cometidos en el marco de la última dictadura, pero calló la absolución de Ríos Ereñú en ocho homicidios, al punto de ni siquiera nombrar a cuatro víctimas.

El artificio de callar una definición sobre estos ocho casos llenó de perplejidad al público. Los interrogantes comenzaron ni bien se acalló el grito de despedida a los dos únicos acusados presentes en la sala, Guil y Madrigal (porque los otros escucharon la sentencia vía videoconferencia desde distintos puntos del país): “¡Cárcel común, perpetua y efectiva! ¡Ni un solo genocida por las calles de Argentina!”.

Tres hijas y un hijo de Benita Medina, tres de ellos venidos desde el norte especialmente para la ocasión, no salían del asombro. Una de las hermanas, María del Carmen Giménez, sintetizó sus sensaciones: “Es como la nada nomás, no sé qué clase de juicio hacen”.

A los 83 años, la madre de Raúl Araujo, Bernarda Tolaba, llegó desde Orán con la esperanza de escuchar algo nuevo sobre su hijo, alguna noticia que le dé mayor tranquilidad. “Todas las noches le pidió a Dios, si está muerto, que lo tenga en la gloria, y si está vivo, que esté bien”, contó antes del fallo.

Juan Carlos Santamaría es el cuñado de Gregorio Tufiño. Así se presenta él, a pesar de los 41 años pasados desde la desaparición de su pariente. Su hermana, Gabriela Santamaría, la esposa de Tufiño, falleció hace tres años y desde entonces él continúa con la lucha por justicia. Con la conmoción pintada en el rostro, vino desde San Juan para escuchar una definición de la Justicia sobre su cuñado. Y pasó de la desazón al escaso consuelo de una posible sentencia condenatoria y de nuevo a la desazón, al comprender que el silencio de los jueces es sinónimo de absolución, la palabra que eligieron no usar, para prevenir cualquier reacción de los familiares.

El hermano de María del Carmen Buhler, Mario Buhler, viajó desde Metán, acompañado por un hijo, para saber si se condenaba a Ríos Ereñú.

La particularidad del fallo provocó también sorpresa en los fiscales Carlos Amad, Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila, que atosigaron con sus interrogantes a los secretarios Blajen Bent y Mariano García Zavalía. Ellos insistieron en que las dudas serán despejadas cuando se conozcan los fundamentos del fallo, recién el 26 de junio venidero. Lo de no mencionar los otros ocho homicidios por los que estaba acusado Ríos Ereñú es solo una cuestión “técnica”, explicó García Zavalía. Sin embargo, los secretarios fueron claros: el Tribunal eligió mencionar solo los casos que considera probados. Es decir que decidió absolver por los hechos no mencionados.

“No pronunciarse sobre las víctimas además de un error jurídico es una falta de respeto a las partes y a las víctimas que estuvieron desde octubre de 2015 debatiendo cada caso”, sostuvo el fiscal Sivila. Hay familiares que llevan esperando casi 42 años.

Para Nora Leonard, ex detenida política y familiar de víctimas del terrorismo, el fallo es “repudiable, porque si bien en una parte se condena a los principales genocidas, hay otra parte donde (los jueces) tendrían que haber hablado de absolución y no lo hicieron”.

Leonard explicó que al parecer los jueces llegaron a la conclusión de que la Subárea 322-1, que estaba al mando de Ríos Ereñú, no tenía injerencia sobre el departamento Orán, por eso no lo condenaron como autor mediato de los secuestros y desapariciones cometidos en Colonia Santa Rosa y en la ciudad de Orán. Pero entonces, “tendrían que haber hablado de absolución, y no se animaron a decirlo”. “(Es) una vergüenza lo que ha hecho este Tribunal”, concluyó a su vez Leonard.

Sivila advirtió que la sentencia también “olvidó” la acusación por delitos sexuales cometidos en perjuicio de Juana López, que había realizado la Fiscalía contra Gentil.

Los fiscales adelantaron que pedirán una aclaratoria del fallo; lo mismo anunció que hará la abogada Susana Aramayo, querellante por la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que precisamente participaba en los casos sobre los que no hubo pronunciamiento de los jueces.

Esta es la segunda vez que una sentencia de este Tribunal requiere de una aclaratoria. En 2015 condenó al comisario Antonio Saravia (entre otras condenas) a tres años de prisión efectiva, sin embargo, al día siguiente aclaró que era en suspenso.

Los convictos seguirán con prisión domiciliaria o en libertad, como llegaron al debate, tal como lo tiene establecido la Cámara Nacional de Casación Penal, que se toma largos años para resolver las apelaciones.

La lectura de la sentencia convocó a manifestantes de organizaciones de derechos humanos y políticas. El acto se desarrolló desde las 15 a las puertas mismas de la sala de audiencia del TOF1, sobre la calle Deán Funes al 140.

Fue también el momento para recordar a las víctimas y repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó el 2x1 para condenados por delitos contra la humanidad, que no están alcanzados por estas excepciones en la ejecución de la pena.

Los reunidos en la calle festejaron las condenas, que incluyeron las penas a cinco años de prisión al comandante de Gendarmería Diego Alejandro Varas, y de cuatro años al comisario Arturo Madrigal, pero criticaron el silencio sobre los otros casos. (Fuente: www.vove.com.ar)


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