La discrecionalidad del kirchnerismo con la cosa pública, fue el modus operandi

Una investigación publicada en el diario La Nación, de Buenos Aires, expuso un supuesto fraude cometido por el empresario Cristóbal López contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por unos 8.000 millones de pesos.

Con numerosos y bien documentados vínculos con el matrimonio Kirchner, López fue uno de los empresarios que más se favoreció con la pasada administración. De tener algunas inversiones en los juegos de azar, pasó a ser un importante actor del negocio petrolero y propietario de un creciente emporio de medios que, a cambio de apoyar al kirchnerismo, recibía una exorbitante cuota de la pauta oficial. El fraude denunciado remite a sus negocios petroleros durante la segunda presidencia de Cristina Fernández. En concreto, lo que se publicó es que durante varios años Cristóbal López retuvo de forma ilegal el Impuesto a la Transferencia de Combustibles que abona cada consumidor de nafta y que la estación de servicio que la vende está obligada a girar luego a la Afip.

Una pregunta clave es cómo el organismo nacional no detectó ni denunció la maniobra. ¿Se puede cometer un fraude por semejante cifra a lo largo de varios años sin contar con algún grado de complicidad de los funcionarios? El titular de ese organismo durante gran parte del kirchnerismo fue Ricardo Echegaray, quien desde la asunción de Mauricio Macri está al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este nombramiento se hizo a pedido del justicialismo, para cumplir con el precepto constitucional que reserva la conducción de la AGN a un representante de la oposición. Quien impulsó su candidatura fue Cristina Fernández. Otra pregunta central es qué relación hay entre el fraude al Estado y el crecimiento del grupo empresarial comandado por Cristóbal López.

La investigación aporta elementos que sugieren que los dineros presuntamente birlados al fisco fueron utilizados para la compra de diarios, radios, canales de televisión y productoras de contenidos, entre otros negocios.

Por último, y a la luz del recientemente anunciado desmembramiento del Grupo Indalo–nombre con el cual Cristóbal López aglutinó sus inversiones–, es necesario determinar si la abrupta separación de sus socios no apunta a una inminente declaratoria de quiebra que le haga imposible al Estado cobrar el increíble monto del fraude.

La discrecionalidad con que el kirchnerismo manejó la cosa pública no fue producto de falta de experiencia, sino el modus operandi que se reitera en cada caso de corrupción que el periodismo, dirigentes políticos y actores civiles han denunciado casi desde el inicio de los 12 años de esa administración.

Tanto López como Echegaray y Cristina Fernández fueron denunciados anteayer en Tribunales federales. Ahora, la Justicia tiene la última palabra. Es imprescindible que actúe con celeridad y profundidad en la investigación.

La indignación social es enorme. La sociedad argentina está asombrada e indignada ante el desfile impúdico de hechos de corrupción sucedidos durante la administración kirchnerista.

No bastó que un ex secretario de Transporte de la Nación viviera en lujosas locaciones, las cuales, al igual que sus gastos, fueron solventadas por empresas concesionarias de servicios públicos. Fue un escándalo que un ex vicepresidente tuviera domicilios falsos, intentara vender un automóvil con documentos apócrifos y recibiera dádivas para su campaña electoral, entre otras graves acusaciones, como su complicidad en el llamado caso Ciccone. Y mientras esto sucedía, representaba al país en foros internacionales. Una caricatura de país.

Fue, quizás, la muerte de 52 personas y las heridas sufridas por más de 700 pasajeros en la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, lo que llevó a los argentinos a asumir la sentencia de que “la corrupción mata”.

Esa explícita definición hizo tomar conciencia de que toda malversación y apropiación de fondos del Estado supone, en definitiva, no contar con los recursos para garantizar la seguridad en los servicios públicos y en la circulación por las rutas, ni tener prestaciones de emergencia adecuadas, ni atención de la salud.

El festival de la impunidad durante el kirchnerismo quedó demostrado de nuevo en los últimos días, cuando se conoció que uno de los empresarios más cercanos al matrimonio Kirchner, Cristóbal López, retuvo impuestos por 8.000 millones de pesos para destinarlos a sus negocios particulares.

Lo más grosero de esa época de corrupción generalizada es la filmación en la que jóvenes hombres de negocios–ligados a Lázaro Báez, el empresario más beneficiado con obra pública durante el kirchnerismo–disfrutan de contar millones de dólares y euros. Luego, según se observa en las grabaciones, los trasladaban en bolsos que demandaban la fuerza de dos personas para moverlos.

La indignación social es enorme. Y está dirigida a los poderes político y judicial, que toleraron durante esos años la corrupción sin límites de empresarios y funcionarios.

El daño económico producido a las arcas del Estado–al bolsillo de millones de argentinos que pagaron sus impuestos–aún no puede ser cuantificado. Quizás, irrecuperable.

Aun así, los jueces, que parecen despertar una vez que los funcionarios dejan el poder, deben demostrar que no tienen los ojos vendados para acusar y condenar a los autores de esos delitos.

La actuación rápida y eficaz de la Justicia argentina en los casos denunciados podría enmendar parte del daño producido en el cuerpo social, que asume que las malas prácticas parecen no tener castigos. No es este el camino para corregir la impunidad que hoy nos escandaliza.