Las cuatro íes que enfrenta el kirchnerismo

Por Carlos Pagni

LA NACIÓN

13 de abril de 2021


La economía dirige la escena: desde la cautela oficial con China y la aproximación a los Estados Unidos, hasta la candidatura disidente de Randazzo; Camaño, clave en la disputa judicial.

Sergio Massa, en sus conversaciones con otra gente del Gobierno y con su equipo, suele decir que en este año electoral, en el que el país atraviesa una encrucijada muy importante por el nivel de tensión política, el oficialismo está desafiado por tres cuestiones que empiezan con la letra “i”. La inmunidad, la inseguridad y la inflación. Podría uno agregar una cuarta “i”, que está entre las expectativas de mucha gente del oficialismo; probablemente a Massa no le interese. Problema de Cristina: impunidad, que también empieza con “i”.

El problema de la inmunidad está ligado a la gran crisis de la pandemia que nos sigue afectando. Las dificultades que enfrenta la Argentina para la vacunación tiene varios frentes, y varias explicaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque por distintas fuentes empezamos a tener registros de una enorme presión sobre el sistema de salud. Una presión que no se vivió el año pasado en el pico de la pandemia, según dueños y directivos de las clínicas. Hay prepagos, privados que están derivando gente a hospitales públicos en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que incluye a la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, al Hospital de Clínicas. Quiere decir que hay un nivel de saturación llamativo en el sistema de salud. Llamativo porque muchos expertos en estadísticas miran que hay más casos, en alguna medida, porque hay más testeos. Y si uno mira la proporción de casos positivos que aparecen en relación con los testeos, esa proporción respecto de los picos del año pasado ha bajado. Por eso a muchos les resulta curioso el nivel de ocupación de pisos dedicados a Covid-19 y camas de unidad de cuidados intensivo en las clínicas. Pero lo cierto es que estamos en un límite que tiene alarmado a todo el mundo, sobre todo a los dirigentes, a los gobiernos. Hay además un problema objetivo que no se puede ignorar que es una falta de vacunas a escala global. De esto venimos hablando hace tiempo. Siempre debemos recordar que habitualmente, por año, se fabricaban en el mundo tres mil millones de vacunas; durante esta pandemia hace falta fabricar diez mil millones de vacunas, y no hay aparato productivo en la industria farmacéutica para eso. Por lo tanto, hay un cuello de botella que pone en evidencia las enormes desigualdades del sistema global.

Hay un sitio de Bloomberg que sigue el tema de la vacunación, y es muy interesante por las estadísticas que presenta: entre los 27 países más ricos se concentra el 39% de la vacunación y el 11% de los habitantes. Quiere decir que hay una concentración de la disponibilidad de vacunas entre los países más poderosos. Por lo tanto, en países como la Argentina, que son países en vías de desarrollo, no enteramente pobres, pero con dificultades, habrá falta de vacunas, como vemos en toda la región. Salvo la excepción de Chile, toda América Latina está afectada por un déficit en la provisión de vacunas. Ese déficit es más marcado en la Argentina por problemas de organización, o por sospechas acerca de negocios, es decir, de guerras de laboratorios para el suministro de vacunas. ¿Por qué digo que hay un problema de organización? Porque Chile lleva vacunado al 38% de su población, si tomamos vacunación como gente que recibió al menos una dosis; Brasil, que tiene 190 millones de habitantes, lleva vacunado al 12% de su población. Y la Argentina al 11%. Quiere decir que ha habido muchísimas más vacunas aplicadas en Brasil que en la Argentina.

Hay además una pésima organización de los protocolos. Hoy en el sitio Notiar el exsenador José María García Arecha plantea un problema que nadie mira: el problema de los discapacitados. Es realmente insólito que en los protocolos de vacunación no se le haya dado prioridad a una persona con síndrome de Down, un ciego o un sordo; prioridad para alguien que, si se enferma con ciertos síntomas de gravedad, es muy difícil aislarlo. Y el aislamiento es condenarlo a una pesadilla insoportable. Las autoridades no han tenido en cuenta en los protocolos, dice García Arecha, dar prioridad a este tipo de cuadros. Como tampoco se cumple, aunque a veces en los papeles figure, dar prioridad a aquellos que padecen enfermedades terminales, o enfermedades que los someten a una gran vulnerabilidad frente al virus. En cambio, por presión sindical sí se ha podido vacunar antes al personal docente. Detrás de todo esto, no nos podemos engañar, está la carrera electoral y un gobierno que confía en que la vacunación no le va a significar un drama en las elecciones primarias ni en las generales. ¿Por qué? Porque va a haber una sobreoferta de vacunas, ya que el aparato productivo que se puso a fabricar vacunas para esta demanda va a seguir fabricando vacunas, y posiblemente ahí sí haya disponibilidad para países como el nuestro. En esto confían Alberto Fernández y las autoridades de la provincia de Buenos Aires para llegar a una vacunación más eficiente y a algún tipo de normalidad para las elecciones. Entendiendo lo obvio, que es que el devolver la normalidad va a ser la gran variable para la obtención del voto. Ojalá no pasemos antes por un colapso complicado en el sistema de salud, cuando todavía no llegaron estas vacunas que decimos que en algún momento tienen que estar. Alberto Fernández anunció desde su aislamiento en Olivos medidas restrictivas de la circulación; el avance la pandemia podría empujarlo a endurecerlas

La segunda “i” corresponde a la inseguridad, que es todo un problema para el Gobierno. Tanto en la inseguridad como frente a la inflación, que constituyen dos desafíos electorales muy importantes, el Gobierno está en polémica consigo mismo. ¿Cuál es la receta para la inseguridad? ¿Se llama Frederic o se llama Berni? Estamos viendo en este momento una cantidad de convulsiones sindicales y sociales, espontáneas y provocadas, como siempre sucede. ¿Qué pasa con la seguridad? El Gobierno trata de provincializar esos conflictos. El problema de la inseguridad es un problema para el que este Gobierno no tiene una solución clara porque no tiene una receta unívoca.

Algo parecido pasa con la inflación. Vemos que hay una discusión dentro del oficialismo sobre la política fiscal, los niveles de emisión y la inflación esperable. A esta altura sabemos que el objetivo que defiende con tanta tenacidad Martín Guzmán, de una inflación del 29% anual, es un objetivo fantasioso. Para alcanzar ese resultado final en el año, tendría que haber menos de 2% de inflación empezando por un mes que ya tuvo el doble, que fue marzo. No sabemos cuál va a ser el curso de la inflación en los próximos meses. Es una variable desatada que hace perder autoridad a Guzmán dentro del Gobierno y a Alberto Fernández dentro del oficialismo. ¿Por qué es inquietante? Porque genera más pobreza. El Gobierno sabe que la inflación castiga sobre todo a los que menos tienen en materia de alimentos, en los grandes conurbanos, y sobre todo en el conurbano bonaerense que es donde se juega el destino electoral del oficialismo. Todavía no se liberaron ni siquiera un poco las tarifas. Hoy, aparece una entrevista interesante al titular del ente que regula el gas (Enargas), Federico Bernal, que le dice en El Cronista a Santiago Spaltro que los aumentos de tarifas para el gas van a ser en mayo de 6 o 7% para las familias y de no más de 4% para la pequeña y mediana empresa. Toda una definición de Bernal que tiene muy poco que ver con la baja de subsidios que está prevista en el presupuesto, y a través del cual Guzmán pensaba llegar al 29% de inflación anual. Así como hay una discusión acerca de cuál es la estrategia para alcanzar un ambiente más seguro, hay una discusión dentro del propio equipo económico respecto de cómo encarar el problema de los precios, sobre todo de los precios de los servicios públicos que están ligados a los niveles de subsidios y por lo tanto a los niveles de gasto público y de emisión. Técnicamente, Bernal no forma parte del equipo económico, pero sí Federico Basualdo que está en el área de energía eléctrica y dijo ya que los aumentos tampoco van a ser superiores al 9%. Es decir, que Basualdo, que depende de Guzmán, discute y coincide más con Bernal que con su jefe. Por ese lado volvemos a Massa, tan ligado a Edenor. El 16 de marzo comieron, en el restaurante Roldan, Massa, José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Son el núcleo de un negocio hecho a partir de subsidios que van a seguir siendo altos. Es decir, empresarios que están dispuestos a no recibir como remuneración tarifas sino subsidios. Un negocio con impuestos. ¿Qué debemos esperar entonces? Que el Gobierno se vuelva más insistente con los controles de precios, porque la inflación se le vuelve rebelde; que intente mantener el tipo de cambio pisado, es decir, que no haya una actualización del tipo de cambio oficial siguiendo a la inflación, como había prometido el presupuesto de Guzmán. Eso que produce atraso cambiario. Seguramente impacta en en la liquidación de exportaciones. Siempre y cuando el Gobierno no las prohíba en algunos rubros, como la carne. Entonces, a partir de este problema de la inflación, con todo lo que afecta en materia de política monetaria y cambiaria, por la oferta de dólares, y de política fiscal, por la negativa a reducir subsidios, aparece un gran interrogante que no sé si el Gobierno se lo está planteando. Hasta ahora parecía obvio que le convenía atrasar las elecciones. Si uno piensa en la vacunación sigue siendo cierto. Pero en materia económica, ¿es verdad que a Alberto Fernández, al Frente de Todos, le conviene que las elecciones sean más tarde? ¿O estas desviaciones de la política económica no generarán tensiones que terminen impactando negativamente a nivel electoral?

Todo este panorama que acabo de pintar de manera muy sucinta alrededor del problema de la inflación, que es esa segunda “i” que preocupa a Massa, inquieta sobre todo al Fondo Monetario Internacional (FMI). En el sentido de que si ellos miran el plan de Guzmán, técnicamente, se pueden poner de acuerdo. Pero el problema es que hay una discusión política no saldada dentro del oficialismo. Entonces, desde el equipo técnico del Fondo se preguntan: “¿Con quién nos estamos comprometiendo?”. Esta duda fue planteada abiertamente -dicen que se filtró lo que dijo- por parte del jefe del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, el hombre con el que discutió el gobierno de Macri cuando se hizo aquel acuerdo que hoy el kirchnerismo reprocha tanto. Hay una pregunta, entonces, acerca de cuál es la política del Gobierno respecto del Fondo que va más allá del diseño del programa económico. Supongamos que les va bien en las elecciones y las pasan relativamente airosos, cuando se terminen los comicios y nos encontremos con todas estas inconsistencias, ¿va a estar claro por parte del oficialismo que quieren hacer el ajuste que hay que hacer? ¿O van a escucharse voces dentro del mismo oficialismo diciendo que quizás hay que suspender la relación con el FMI? ¿Cuánto cuesta defaultear con el Fondo? Dentro de esta organización financiera se están formulando esta incógnita, pero todavía no la pueden responder.

Después hay otros aspectos del problema de carácter político. El Gobierno, inspirado por Cristina Kirchner, pretende pedir 20 años de gracia, lo cual no está previsto en los estatutos del FMI. Y es muy difícil que quieran cambiar sus normas para hacerle un traje a medida al kirchnerismo. Además, es muy probable que la oposición no va a acompañar al Gobierno en ese reclamo. Sobre todo porque, desde el oficialismo, insisten en querellar a la oposición, y por este medio al FMI, por el acuerdo que firmaron. Esto es tan discutible como pretender penalizar la política cambiaria, y llevar a la Justicia a Cristina Kirchner y a todo su equipo por la querella del dólar futuro, aunque haya sido aberrante. Cristina Kirchner durante una sesión en el SenadoFabián Marelli - LA NACION Acá hay una novedad muy importante, tanto que por este detalle Alberto Fernández también pasará a la historia: es muy inusual que en vez de ser un dirigente o un legislador cualquiera, sea el Presidente quien querella a la oposición y el que le indica al Procurador del Tesoro que actúe y se presente como querellante para llevar a la Justicia Penal un acuerdo (opinable, desde el punto de vista político) como el que se hizo con el FMI, aún cuando no haya dado los resultados esperados.

En el Fondo dicen, ¿nos van a querellar a nosotros también? En los considerandos del decreto por el cual Fernández le indica a Carlos Zannini que querelle se aclara que alcanzará solo a los funcionarios de Mauricio Macri, no a los del Fondo, con quienes están negociando y con quienes no quisieran pelearse. Sin embargo, este es un acuerdo que los argentinos firmaron, pero que los integrantes del Fondo convalidaron cinco veces después de mirar los números. Por momentos se tiene la impresión de que el Gobierno piensa que la realidad es de goma. Lo cierto es que esta querella penal plantea un problema político serio en un aspecto de la negociación. Porque el Fondo pide que la oposición acompañe el programa del oficialismo ya que va a ser interanual, lo cual quiere decir que se asumen compromisos más allá del gobierno actual. Por otro lado, según están analizando los mejores expertos de política internacional en la Argentina, esto se discute en un contexto internacional bastante favorable. Sería bueno que la opinión pública y la oposición miren lo que está pasando en la región. América Latina está sembrada de focos de inestabilidad. El gobierno de Joe Biden enfrenta su primera crisis “en español”. Es un conflicto ligado con Hispanoamérica, dado que se desencadena por la creciente ola de inmigración a Estados Unidos de personas provenientes de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Este asunto le costó la cabeza de una funcionaria de primer nivel de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, y es un tema que tiene en sus manos la vicepresidenta, Kamala Harris. Venezuela por su parte, encierra múltiples crisis y tiene ahora una nueva: Nicolás Maduro acaba de ir a las Naciones Unidas pidiendo una intervención por problemas con la frontera con Colombia. A su vez, la situación electoral en la que quedó Perú después de las elecciones de este domingo es de una pulverización de la clase política. El candidato que más votos sacó, obtuvo apenas un poco más del 15%. Brasil, con Jair Bolsonaro a la cabeza, está envuelto en una crisis militar de primera magnitud, donde las cúpulas de las fuerzas armadas renunciaron a sus cargos hace 10 días. Bolsonaro también está peleado con el Congreso y con el Tribunal Supremo de Justicia. En Chile la pandemia serenó una situación muy inquietante. Se había desarrollado una extraña convulsión -sin nombres, sin personería, sin nadie con quien hablar- que desestabilizó enormemente al gobierno de Sebastián Piñeira y que puede estar hoy agazapada. Bolivia también está en medio de una tormenta por la guerra a muerte del gobierno con el gobierno que lo antecedió. Cuando desde Washington miran este mapa, consideran que la Argentina es un país estable, y eso explica su acercamiento. La semana pasada hubo una visita muy importante del almirante Craig Faller, que es el jefe del Comando Sur, es decir del comando que mira a América Latina en términos de defensa. Esta semana vendrá a Buenos Aires, como parte de una gira que incluye Colombia y Uruguay, el colombiano Juan González, quien forma parte del equipo íntimo de política exterior de Biden desde que el actual mandatario estadounidense era vicepresidente y senador. González –que vendrá junto a Julie Chung, la encargada de política latinoamericana del Departamento de Estado- es el experto en América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. El tema principal que tratarán es un problema que hoy ordena toda la política internacional: las relaciones de esta región con China. ¿De qué habló el almirante Faller con Agustín Rossi, que es un ministro crucial para las relaciones exteriores? ¿Por qué viajó a Tierra del Fuego? Están interesados en que la Argentina no le ceda a China la construcción de una base de aprovisionamiento logístico de barcos en Tierra del Fuego. Esto permitirían llegar a la Antártida, pero también que, en un escenario hipotético de conflicto internacional entre China y Estados Unidos, los barcos que tengan vedado el Canal de Panamá pasen por el sur de la Argentina. Si uno mira el mapa global, la Argentina pasa a ser un país sumamente relevante, igual que Brasil, como proveedor de alimentos a China, uno de los países con el que eventualmente los estadounidenses podrían entrar en conflicto. Por eso, los americanos quieren saber cómo cada uno juega ese partido. ¿Qué contestó el gobierno argentino? La base la va a hacer la Argentina, no la va a hacer China. Alberto Fernández prefiere quedar mal con los chinos porque, en este punto, está más alineado con Estados Unidos de lo que se supone; y esta es la primera novedad que puede sorprender a algunos. El segundo tema que conversaron entra en la misma agenda y tiene que ver con la hidrovía; es decir, con el control y la administración de las vías navegables de la Mesopotamia. A través de ellas se moviliza el 80% de las exportaciones argentinas, gran parte de las cuales, sobre todo en materia de granos, termina en China. Hay una licitación y había una gran presión de empresas chinas para entrar en ese negocio y administrar la hidrovía; lo cual es muy importante si se observa a la luz de un ambiente internacional más conflictivo. ¿Qué hace el gobierno de Alberto Fernández en este tema? Algo muy novedoso: posterga la licitación de la hidrovía y se la entrega la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una organización que incluye a los países desarrollados del planeta, al que la Argentina quiso ingresar con Macri. De hecho, en aquel entonces, el embajador Marcelo Scaglione hizo una gestión muy importante, por lo que la Argentina estuvo a las puertas de ingresar, aunque finalmente eso no ocurrió. Hoy esta organización presta un servicio de consultoría a la Argentina, a pedido del ministro de Transporte, Mario Meoni, para dotar de transparencia la licitación de la hidrovía. Cabe resaltar que, dentro de un mes, la OCDE va a estar presidida por un australiano, Mathias Cormann, y que Australia hoy está en una situación muy conflictiva con China. En este tema se produce una novedad de la novedad. Haber recurrido a ese organismo es obra de una funcionaria encargada de la transparencia en el Ministerio de Transporte, Marianela López. El ministro de Transporte es un exradical de Junín que responde a Sergio Massa; mientras que López es de la ciudad de 9 de Julio, fue concejal ahí, y es una persona extraordinariamente ligada a Margarita Stolbizer. Es curioso si uno recuerda que Stolbizer, siendo aliada de Massa, hizo la denuncia de Hotesur contra la familia Kirchner. En ambos casos, Alberto Fernández muestra que prefiere quedar mal con los chinos, lo cual es importante en relación con la eventualidad de un acuerdo con el Fondo. Él está trabajando para eso y está pensando en cómo votan los estadounidenses en el FMI.

Volvemos a la tercera “i”, la de la inflación, que genera un enorme malestar social. Y acá hay que detenerse porque hay una cifra que es dolorosísima, aunque no nos cae la ficha: en el conurbano bonaerense hay 51% de pobres; es decir, más de la mitad de los habitantes. La mayor cantidad de pobres (que produjo la pandemia sumada a la disparatada cuarentena, que llevó adelante el Gobierno con muy pocos resultados, como estamos viendo ahora) se produjo en el conurbano bonaerense, que es donde tiene su base electoral el kirchnerismo. Es el reino de Cristina. Y más de la mitad de esos pobres son menores de 17 años. Esto, obviamente, genera una dinámica política, impulsada por el malestar y por las fuerzas que intentan expresar ese malestar. De esta manera, estamos viendo que empieza a haber una movilización muy importante de la izquierda anti-kirchnerista. Algo de eso hay en Neuquén, donde todo empezó nada menos que con un movimiento de empleados de la salud que no se sentían representados por Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), al que se sumó después gente que trabajaba en fábricas que debieron cerrar o que no reciben subsidios, mapuches, etcétera. Hoy Neuquén está con sus rutas tomadas y esto es importante porque afecta directamente la producción de Vaca Muerta, que está bloqueada en un momento en que las empresas productoras de gas aceleraban la producción para que no haya cortes en el invierno.

La mayor cantidad de pobres se produjo en el conurbano El cálculo que hacen algunas empresas es que, por cada día de corte de rutas, hay que destinar 25 millones de dólares para comprar un barco y medio de gas importado. Dato clave para Miguel Pesce, que administra los dólares como un suero. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Solamente una movilización sindical? ¿O está el kirchnerismo alentando un colapso para el gobierno del Movimiento Popular Neuquino que conduce Omar Gutiérrez? ¿Qué hace el secretario de Energía, Darío Martínez –que era diputado en Neuquén- frente a este panorama? Esto toca directamente la previsión de gas y se agrega como un gran problema para Alberto Fernández que mira para otro lado, como si fuera solo un problema provincial. Primer inconveniente, ligado al malestar social que genera la inflación y el entorno de una economía muy recesiva. Segundo problema, la presión de la izquierda, hace que el sector más radicalizado del Gobierno le diga a Guzmán que vuelva al IFE y al ATP, es decir que le exijan: “Gastá más, porque con el Fondo y los compromisos del presupuesto perdemos las elecciones”.

El tercer problema es la oferta electoral. Y acá es donde hay que mirar a Florencio Randazzo, un peronista que está proponiéndose como candidato de un peronismo no ligado a Juntos por el Cambio. Distinto del de Monzó, de Pichetto, de Jorge Triaca, de Joaquín de la Torre. Con Randazzo están Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey. Peronistas que ya enfrentaron a Cristina Kirchner y que ahora se creen con más idoneidad inclusive que muchos dirigentes de Cambiemos para hablarle al nuevo pobre. A ese señor que mandaba a su hijo a un colegio bilingüe y lo tuvo que sacar para mandarlo a un colegio parroquial. O lo tuvo que sacar del colegio parroquial para mandarlo a la escuela pública. O tuvo que ir avergonzado a la prepaga para pedir un plan más barato porque tuvo que cerrar el negocio, porque se quedó sin trabajo, porque no llega a fin de mes.

¿Quién va a expresar ese clima, y cómo? ¿Cuál es la salida más inteligente? ¿Un peronismo desligado de Juntos por el Cambio? Hay otros peronistas, cercanos a Juntos por el Cambio, que plantean: “Hagamos una primaria, inclusive con esos otros peronistas de Randazzo, porque sería la única manera de ganar la elección. Ese es el debate que empieza y en el fondo de ese debate está esa preocupación de Massa: la inflación.


Último dato: hay que prestarle atención a Randazzo. Y más atención a Graciela Camaño. Porque si esa es la jugada, se hace difícil imaginar a Camaño votando en el Consejo de la Magistratura por la remoción de gran parte de la Cámara de Casación Penal. Es lo que pretende el kirchnerismo. Ya que no pudo cambiar la Corte, capturar el máximo tribunal penal del país. Y conseguir por esa vía la cuarta “i”, la de la impunidad. La que Massa se olvidó.

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