Deudas pendientes: Libertad de expresión y publicidad oficial en Salta

Salta no cuenta con un sistema de distribución de publicidad oficial respetuoso de los estándares internacionales en la materia, pese a que la justicia le ordenó legislar en la materia. En el año 2016 Nueva Propuesta y Viaje de Pesca ganaron un amparo interpuesto contra el poder ejecutivo por la quita discriminatoria de publicidad oficial. El triunfo legal llego luego de más de dos años de excusas judiciales y declaraciones de incompetencia por parte de jueces temerosos de resolver temas políticamente delicados.

Para lograr este resultado, los demandantes tuvieron que recurrir a la Relatoría para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana (RELE). En su informe anual de 2014 la Relatoría llamó la atención a Argentina sobre la demora judicial y reprochó que la Corte Suprema de la Provincia de Salta también decidiera declararse “incompetente” para conocer amparo, volviendo al juez de primera instancia que equivocó su decisión sobre su propia incompetencia. La RELE destacó que el recurso de amparo también denunciaba la omisión de la Provincia en legislar en esta materia, contar con recursos efectivos y adoptar medidas idóneas para proteger el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, tras muchos sobresaltos judiciales, la Sentencia provincial de 2016 dio lugar al amparo, ordenó la restitución de la pauta, y pidió que se legisle para prevenir violaciones a la libertad de expresión. Este trabajo legal combinando derecho nacional e internacional, y su resultado, mereció el reconocimiento de la Universidad de Columbia como finalista para el premio Libertad de Expresión Global en Estados Unidos.

Sin embargo, en Salta, sede de la importante reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el marco jurídico-fáctico para proteger la libertad de expresión todavía es deficiente. A pesar de los antecedentes jurisprudenciales nacionales permeando el derecho internacional al resolver el litigio de editoras poderosas como Perfil y Rio Negro, incluidas decisiones de la Corte Suprema, las afirmaciones de la RELE sobre la inexistencia de una ley adecuada que regule la pauta oficial en Argentina sigue sin respuesta. Desde hace tiempo se viene denunciando falta de trasparencia en el presupuesto destinado a ese rubro tanto a nivel federal como provincial, sobre todo en períodos electorales, causando serios perjuicios a la libertad de expresión y a la democracia. Un modelo en la asignación de amigo-enemigo, premio-castigo y de financiación de campañas políticas del partido gobernante con fondos públicos. Un modelo que genera el campo fértil para presiones de hecho a los periodistas y medios que proveen publicidad y ha llegado incluso a transformarse en presiones a empresas que contratan publicidad medios no afines al gobierno, medida conocida como “cepo publicitario”.

En Salta sigue vigente un decreto provincial que no reúne los requisitos y garantías necesarias para regular la distribución de publicidad oficial con acceso igualitario. No contiene criterios objetivos, explícitos y razonables, procedimientos específicos, régimen de incompatibilidades, independencia e idoneidad de órganos encargados, recursos de protección contra actos u omisiones del Estado en relación a la distribución de publicidad oficial. No existe rendición de cuenta, entre otros, incumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en la materia y específicamente los señalados por esta RELE.

Tampoco el respeto de los estándares interamericanos proviene de la práctica. Como consecuencia directa de la falta de legislación se da la discrecionalidad, arbitrariedad, falta de acceso a la información sobre publicidad y régimen fáctico de premios y castigos. Está claro que la responsabilidad por las decisiones sobre contratación y distribución de la pauta publicitaria no debería recaer únicamente en manos de funcionarios de origen político, sino que deberían participar asimismo funcionarios de carrera técnicos especializados en la materia, tal como lo sugiere la RELE.

Es imprescindible que en reuniones tan importantes como la de la Sociedad Interamericana de Prensa se hablen de los problemas que aquejan también a los lugares que son la sede de tales eventos. En nuestra provincia aparecen en la lista de distribución de publicidad desde familiares directos del gobernador, funcionarios de gobierno, recibiendo sumas de alto valor como pauta oficial. En los últimos años pudieron observarse contrataciones a una empresa dedicadas a auditar a los medios, pero esa empresa anteriormente era de propiedad del secretario de comunicación que decidió asignación a su favor. Se presentaron polémicos contratos de “control de aire” y de “auditoria de medios”. Servicios de “clipping” distorsionados desde diversas perspectivas que afectan gravemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, tales como el alcance de los servicios prestados que exceden el mero resumen noticioso, la exigencia de desgravaciones, las entregas de información telefónicas y la absoluta falta de independencia tanto de la empresa contratada como de los funcionarios que la contratan. A esto se suman las consecuencias nocivas que tienen finalmente los monitoreos efectivamente realizados, en las decisiones del propio Estado auditor en la asignación de publicidad oficial. El círculo perfecto para el Estado, dime qué dicen de mí y yo digo a quien asigno publicidad.

El Estado no puede ejercer abusivamente controles oficiales o particulares sobre la libertad de expresión, tal como lo establece el principio 13 sobre Libertad de Expresión de la CIDH. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

En los hechos se consagra la práctica de un sistema de premios o castigos, y privilegios a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Esta situación impacta gravemente en el sistema de publicidad oficial, coloca a los periodistas y medios en la difícil situación de participar en la informalidad y discrecionalidad de quienes detentan el poder. En muchos casos deben modificar sus líneas informativas. Denunciar es casi imposible. Periodistas y medios son reticentes a realizar las denuncias formales, que requieren asesorías legales y los deja enfrentados con el poder que decide los términos económicos. Además, afecta directamente en la calidad de los productos informativos, presentándose también en Salta visibles alineamientos al oficialismo o a la oposición.

Repensar el tema de publicidad oficial también exigirá a los periodistas y medios repensar su forma de trabajar. Las restricciones indirectas aplicadas a través de publicidad oficial en Salta pueden terminar en el cierre de pequeños medios como Nueva Propuesta y Viaje de Pesca que llevan muchos años llegando a su público, si no pueden defenderse o sostener sus líneas informativas. Dos medios pequeños enfrentaron con valentía a un Estado todopoderoso y obtuvieron una decisión que puede generar el cambio legislativo que se necesita para acabar con un sistema obsoleto.

Quizás este debería ser el compromiso de nuestro Presidente Mauricio Macri, de nuestro Gobernador Juan Urtubey y de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quienes han considerado la Asamblea General de la SIP un evento de tal importancia para estar presentes los tres. Podrían pagar la deuda con el sistema interamericano y comprometerse cada uno a legislar la materia en sus respectivas jurisdicciones.


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