Tucumán, el jardín antiderechos

La tucumana Silvia Elías de Pérez, secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos en el Senado, fue de las primeras voces en la Cámara alta en anticipar su férrea oposición a la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Elías de Pérez encarna el típico discurso fundamentalista contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo: en 2013, siendo legisladora provincial por la UCR, pretendió impedir un aborto no punible a una nena de 11 años que había sido violada por su papá y llegó a presentar un recurso de amparo en la Justicia para prohibir todas las interrupciones de embarazo avaladas en el Código Penal, desde 1921.

Frente a ese caso, el entonces apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza (h) fue punta de lanza de ese ejército de soldados reaccionarios y antes que Elías de Pérez, presentó una denuncia penal contra el equipo médico de la maternidad que intervino para garantizarle su derecho a la niña violada, para que sus integrantes fueran investigados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ninguna de las dos presentaciones antiderechos prosperó. Pero son muestra de cómo estos personajes –como otros y otras que buscan obstruir la sanción en el Senado de la Ley de IVE—consideran a las mujeres: meros envases, incubadoras, como lo plantea también el porteño y macrista Federico Pinedo: aunque una mujer no quiera continuar una gestación, se la debe obligar a llevar a término el embarazo, para dar luego en adopción a la criatura que dé a luz. Incluso, si tiene 11 años y fue violada. Ese es su planteo. Toda una declaración de crueldad.

La maternidad forzada es tortura.

En Tucumán, como en otras provincias del norte argentino, todavía se imparte en escuelas públicas educación religiosa. Y la educación sexual integral es escasa o nula.

Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Un relevamiento realizado el año pasado en los cinco hospitales que hay en su territorio por la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir encontró desabastecimiento de métodos anticonceptivos. “La otra barrera para el acceso a la anticoncepción y también a los abortos legales es la fuerte presencia de objetores de conciencia en el ámbito de la salud pública”, señaló a Página/12 la abogada Soledad Deza, de CDD.

No hay políticas públicas efectivas para prevenir los embarazos no deseados. Y a las mujeres que deciden interrumpirlos y llegan a hospitales públicos con complicaciones de aborto, por ejemplo, hemorragias, las criminalizan. Y también les pueden hacer legrados sin anestesia: como le sucedió en la madrugada del 12 de enero de 2012 a María Magdalena --ese un nombre ficticio para proteger su identidad–, una joven de condición muy humilde y madre de tres hijos, que llegó a la guardia de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, con dolores abdominales, tal como informó oportunamente del caso este diario.

Incluso, se denuncia a mujeres que sufren abortos espontáneos como quedó en evidencia con el caso de Belén, condenada sin pruebas a 8 años de prisión, en una sentencia escandalosa, que terminó revocando el máximo tribunal provincial. Pero el de Belén no es el único caso. La violación del secreto médico es una práctica recurrente. Así lo demostró una investigación sobre las causas iniciadas por aborto en los últimos 20 años en la capital tucumana: “Hay un acuerdo tácito entre el sistema de salud y el judicial para criminalizar a las mujeres frente a la interrupción de un embarazo, aun cuando se trate de un hecho natural, que no configure un delito”, advirtió en diálogo con Página/12 la abogada Mariana Álvarez, una de las autoras del estudio, referente de la APDH y docente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Las otras dos investigadoras son las abogadas Alejandra Iriarte y Deza. El estudio fue publicado en el libro “Jaque a la Reina: Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán” (coedición de Editorial Cienflores y la Universidad de Tucumán San Pablo-T).

Llama la atención las carátulas de muchas de las causas: aborto expontáneo (sic), aborto espontáneo, aborto natural, aborto incompleto, aborto en grado de tentativa. Ninguna de esas figuras es punible.

El gobernador Juan Manzur dejó clara su postura en contra de la despenalización y legalización del aborto. Dijo que no era una cuestión personal sino de gestión, pero se conoce su fervor religioso: es católico maronita: “Voy a hacer respetar lo que establece la Constitución de la Provincia, para proteger la vida desde el momento de la concepción”, indicó. Esa declaración está contenida en el Preámbulo de la Carta Magna local.

En julio del año pasado Manzur encabezó un acto en el Club Central Córdoba. Se trató del “Encuentro Provincial de Pastores Evangélicos”. Participaron más de 800 religiosos de todo el país. El evento, según informó la prensa local, fue impulsado por la Secretaria de Relaciones Institucionales de la provincia, a cargo de Bernardo García Hamilton. El objetivo es generar lazos virtuosos entre la iglesia y la provincia, dijo García Hamilton.

En Tucumán, el arzobispo Carlos Sánchez “apretó” abiertamente a los diputados y diputadas en una homilía para que voten en contra del proyecto de IVE. Seis de los 9 diputados y diputadas nacionales –de distintos partidos—votaron como exigió la Iglesia Católica, contra los derechos de las mujeres, el 14 de junio cuando se logró la media sanción.

Pero de los tres senadores, Elías de Pérez sería la única que votaría en contra. Beatriz Mirkin, del bloque justicialista fue firmante del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cuando fue diputada nacional y se descuenta que su compañero de bancada, el ex gobernador José Alperovich, apoye también la aprobación, aunque todavía no se pronunció. Su esposa, Beatriz Rojkés de Alperovich, como presidenta del PJ Tucumán, organizó el 26 de mayo en la capital provincial una jornada para debatir el problema del aborto, a la que fue como expositor el ex ministro de Salud del gobierno de Néstor Kirchner, Ginés González García, un abanderado de la despenalización y legalización del aborto.

Los indicadores muestran en Tucumán las consecuencias de la ausencia políticas públicas consistentes en salud sexual y reproductiva: en 2015, 2069 mujeres ingresaron a hospitales públicos con complicaciones de abortos. Tucumán se encuentra entre las 10 provincias con tasa más alta de embarazo adolescente: el 19 por ciento de los nacimientos corresponden a chicas menores de 20 años, de acuerdo con estadísticas oficiales, cuando el promedio nacional es de alrededor de 15 por ciento. Casi 7 de cada 10 de las adolescentes que se convirtieron en madres en 2015 declaró que no había buscado quedar embarazada, de acuerdo con los registros del Sistema Informático Perinatal. Son estadísticas oficiales.

Hubo pañuelazo verde en la ciudad. El reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito se hizo oír como en casi un centenar de localidades del interior del país.

Tucumán es una muestra. Cuando las creencias religiosas se imponen como política pública, las que pierden somos las mujeres, niñas y adolescentes.


Síguenos...
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
 Artículos Recientes