Flagelación: ¿Sucede lo mismo en todos los conventos de clausura?

Una voz en Salta, la del licenciado Felipe Medina

Resulta un imposible que el escándalo desatado tras el allanamiento de un convento de Carmelitas Descalzas en la ciudad entrerriana de Nogoyá tras dos dramáticas denuncias de ex monjas, no conmocione al país y en nuestro caso, particularmente a Salta, donde existen dos monasterios de clausura.

Resulta complejo, por lo delicado y por tratarse de un problema inocultable del seno de la iglesia católica, encontrar voces que se animen a tratarlo; y más aún no es para nada un riesgo afirmar que más son los silencios que esas necesarias y esperadas voces. Dicho esto, más allá del enfoque que cada expresión puede dar con toda libertad cuando el periodismo se ejerce con la virtud de su libertad, independencia y apertura sin restricciones y mucho menos prejuicios.

Ni para el menos informado de los mortales constituye un secreto que los dogmas y que las normas de todo culto religioso abren la posibilidad de debate en pro y en contra de su vigencia y prácticas que en infinidad de casos exceden sideralmente los límites para convertirse en manifestaciones de fanatismo que en todos los tiempos, y particularmente en el que nos toca vivir, se convierten en flagelos para la humanidad.

La pregunta inevitable que surge por el triste episodio de Nogoyá -y que a fuer de ser sinceros a muchos no sorprende- es ¿sucede lo mismo en nuestros conventos de hermanas carmelitas? ¿Son normas que en modo alguno aceptan excepciones en todo el cuerpo de la iglesia católica y por ende en Salta también rigen?

Más que trascendente y hasta obligatoria para su propia feligresía en particular y para todo el conjunto de nuestra sociedad sería un análisis de la verdad por parte de la más alta autoridad del Arzobispado que ejerce Monseñor Antonio Cargnello. Su palabra por cierto es esperada. Y para no pocos hasta una exigencia.

En la búsqueda de esas voces resulta un hallazgo quien a través de internet se hizo oír con un enfoque que seguramente merecerá opiniones en contrario pues en definitiva acepta el maltrato y la tortura con sentido de penitencia y ofrenda. Se trata del Licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina, un hombre vastamente conocido en nuestro medio, propietario de la Librería “San Pablo” especializada en temas religiosos y también destacada personalidad por su predisposición para con el periodismo.

Su columna se titula “De Monasterios y Castigos” y usted lector podrá conocerla en estas páginas.

De monasterios y castigos

Por: Felipe Medina (*)

Terminamos agosto con un mes bastante variado en materia política, económica y social, y variado también en clima, ya que pasamos de un veranito de más de treinta grados a casi una nevada bajo cero. Me llamó la atención el silencio de la prensa en general sobre la beatificación de Mama Antula, una santiagueña de armas a tomar en lo que a la difusión de la fe respecta. Adelantada para su tiempo, y continuadora de la obra impecable de evangelización que iniciaron los jesuitas en esta tierra, no se esperaba otro reconocimiento para tan magna empresa viviendo de un Papa Jesuita. Fue declarada Beata, para veneración de la Iglesia Argentina. María Antonia de Paz y Figueroa con un centenar de descendientes en el norte argentino, especialmente, Córdoba, Santiago del Estero y Salta, donde se cuenta entre ellos al actual gobernador de Salta, el Dr. Juan Manuel Urtubey, Mera Figueroa por su madre. Linaje que más que un honor debe ser un compromiso para ellos, de continuar con el ejemplo de la Beata, la búsqueda de la paz social y la unidad de los pueblos. Es nuestra, es del norte argentino y un gran ejemplo de tenacidad, lucha y sacrificio para conseguir sus ideales. Pero más difusión tuvo el allanamiento de un convento carmelita en la provincia de Entre Ríos, la semana pasada, basados en una acusación periodística acerca de torturas que allí se practicaban contra algunas religiosas. Para el arzobispo de Paraná, con quien coincido, fue una exageración en el modo de ingresar y la movida mediática. Sucede que la penitencia se practicó siempre en la vida de la iglesia, con un sentido de participación en la pasión de Cristo e imitando la asunción del dolor con sentido de redención.

Es también educativa para la voluntad, tanto el ayuno como la piedra en el zapato. No es masoquismo ni destrucción del cuerpo, tiene un sentido redentor. No es algo para publicarlo todos los días y en todas partes, tampoco es obligatorio. He conocido laicos, religiosos y religiosas, que a diario practican algún tipo de penitencia, y no lo dicen y nunca lo mostrarán, pues intentar llevar la cruz con alegría, sabiendo que conduce a un camino de salvación. En un mundo, acostumbrado a esquivarle al dolor y al sufrimiento, no se entiende esta forma de educar la voluntad y ofrecer la vida y el dolor propio por los demás. Hay cosas que quedan ocultas a la curiosidad de los que buscan un camino fácil. Llevar una vida de serenidad para afrontar las contrariedades cotidianas requiere de mucha paz interior, de iniciar la jornada con una reflexión, meditación u oración, según las necesidades o creencias de cada uno. Sonreír y ser amables no implica que no se tengan problemas personales, implica que uno se predispone interiormente por encima de las propias dificultades a hacer la vida más fácil y placentera para los demás. Más allá de la aberración jurídica, porque invadir un monasterio es meterse en territorio ajeno -casi extranjero-, ya que los monasterios de clausura son territorios pontificios y dependen de la nunciatura directamente; más allá de lo jurídico, el allanamiento tuvo signos de violencia y agresividad mediática mayores que el dolor que puede provocar un silicio o un látigo o disciplina, de uso personal, libre y voluntario. Los monasterios de clausura son un pulmón para la vida de la iglesia, ella respira a través de ellos, de su oración y su silencio, de sus sacrificios y sufrimientos, donde hay hombres o mujeres, según sea el caso, que a diario entregan totalmente su vida para ofrecer sus oraciones y su trabajo por nosotros.

Todas las novelas que podamos crear son pura fantasía y cuentos de viejas, sobre todo cuando hablamos de túneles, torturas y otras yerbas. He visitado varios monasterios en nuestro país y países vecinos, benedictinos del Siambón en Tucumán, Cistercienses en Azul en Buenos Aires, Madres Concepcionistas en Orán, en Tarija, en La Paz, Carmelitas en Jujuy, Tucumán, Salta, Dominicas en Concepción de Tucumán, en el Jumeal de Catamarca, en Mendoza, etc. y todos estos lugares me he encontrado con gente llena de paz, siempre una sonrisa amable y miradas transparentes, llenas de esperanza y de hablar suave y sereno, con palabras de aliento y superación. Siempre que alguien quisiera hacer una novela debe poner el condimento religioso, además de un crimen y un amorío, así es mucho más rentable para el púbico masivo que, por naturaleza, es curioso y con un cierto grado de morbosidad.

Pero es sólo eso, pura fantasía. (*) El autor es Licenciado en Ciencias Religiosas

La Iglesia pareció querer tomar la delantera en el debate en torno a lo que ocurre puertas adentro del monasterio carmelita de Nogoyá.

Allanamiento a las carmelitas: ¿por qué hay queja de la Iglesia?

El allanamiento que ordenó el fiscal Federico Uriburu el jueves 25 de agosto en Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, no sólo fue la piedra de toque que dio inicio a una causa penal, sino que también derivó en una fuerte discusión en torno a lo que la Iglesia Católica entiende como vulneración del principio de “libertad religiosa”. El primero que cuestionó la incursión del fiscal en el convento de las carmelitas de Nogoyá fue el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, que no sólo reprochó el modo “escandaloso” del procedimiento policial, sino que además aseguró que antes que nada se debió avisar a la Santa Sede. “Es una zona protegida por el Papa. Debió avisarse antes al nuncio Emil Paul Tscherrig. El fiscal Uriburu actuó luego de leer la investigación que ese jueves 25 de agosto publicó la revista “Análisis” con las denuncias de dos exmonjas que relataron de qué modo eran sometidas a torturas y se les impidió, cuando quisieron, dejar la orden. El fin de semana, se conoció la decisión del fiscal de imputar por el delito de privación ilegítima de la libertad a la madre superiora del monasterio Luisa Toledo, cuyo nombre religioso es madre María Isabel. Toledo será indagada mañana por Uriburu, que ya dispuso el cese de la reserva de las actuaciones que había ordenado. Pero en medio la Iglesia encaró una estrategia ofensiva. Consiguió, por ejemplo, que el Sindicato de Prensa de Entre Ríos le presentara una nota al arzobispo Puiggari, en la que cuestionó la “profunda preocupación por el alto grado de torpeza jurídica, policial y periodística”. El sindicato, que entre sus dirigentes tiene a Osvaldo Couceiro, consideró “lamentable que quienes deben administrar Justicia emitieran considerar su falta de potestad legal suficiente para ingresar en un convento bajo la jurisdicción de otro Estado, el Vaticano”. Y agregó: “Es preocupante que periodísticamente no se hayan observado los principios básicos de la ‘doctrina de la real malicia’, que obligan a chequear la información en tres fuentes habituales y confiables”, advirtió. La nota fue distribuida a todo el país por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), y recorrió el mundo a través de la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa). Allí, el gremio de Couceiro aseguró que los responsables de la publicación “no integran el padrón de afiliados” a ese gremio, por lo que el Sindicato deslindó “cualquier tipo de responsabilidad moral o intelectual al respecto”. Y concluyó así: “Rogamos a Dios ilumine a los responsables para que inicien el tránsito por el camino del arrepentimiento y la enmienda en procura del perdón cristiano”. ¿Territorio vaticano?

AICA también distribuyó este lunes un cable con este título: “El allanamiento al Carmelo de Nogoyá atenta contra el derecho a la libertad religiosa”. El informe reprodujo un pronunciamiento de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, que preside el sacerdote Esteban Alfón, responsable del Secretariado para la Familia de la Arquidiócesis de La Plata, que dirige el integrista Héctor Aguer, que aludió a la situación canónica del monasterio y puso de manifiesto que “la potestad de la Iglesia a regirse por sus propios ordenamientos en las cuestiones internas no son un privilegio, sino precisamente un derecho derivado de la libertad religiosa” y subraya que “el Estado a través de sus funcionarios debe velar por el respeto a la libertad religiosa en todas sus expresiones, y no coaccionar a las mismas porque le resulten incomprensibles”. El pronunciamiento de la Sociedad de Derecho Canónico destacó que el monasterio carmelita de Nogoyá es “autónomo”, lo cual supone que no responde a la estructura clásica de una congregación, que tiene un superior, sino que se trata de de un convento “de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende inmediata y exclusivamente en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina”, pero aclaró que Puiggari tiene la tarea de “cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones”. “Esta dependencia de los monasterios de la Santa Sede implica que a ella le corresponde regular y cuidar la práctica de los consejos evangélicos, la fidelidad al carisma fundacional y las sanas tradiciones. Del mismo modo, las constituciones y sus eventuales modificaciones son aprobadas exclusivamente por la Santa Sede. Y agrega: “El Estado a través de sus funcionarios debe velar por el respeto a la libertad religiosa en todas sus expresiones, y no coaccionar a las mismas porque le resulten incomprensibles. Menos aún utilizar de manera excesiva y desproporcionada sus medios coactivos, tan necesarios en verdaderas situaciones delictivas que afligen a sus ciudadanos y reclaman su legítima intervención”. Pide también “respeto” para la vida monástica, pero aclara que “todo sacrificio, tiene el límite de la libertad personal y el cuidado de la salud física y psíquica” y que si esos límites “se desvirtúan habrá que corregir a las personas a través de mecanismos canónicamente ya establecidos. Y, desde ya, si se cometiera un verdadero delito al interior del monasterio y existieran pruebas reales de ello, la Justicia podría intervenir como en cualquier otro caso, respetando las personas concretas, la igualdad ante la ley y las garantías procesales de rigor, evitando toda innecesaria ostentación de la fuerza pública”. “No hay exclusividad”

En 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, el entonces canciller Nicanor Costa Méndez y el Papa Pablo VI firmaron lo que se conocen como Concordato y que estableció que el Estado argentino “reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”. Y entre otras cuestiones, quedó establecido que el nombramiento de obispos y arzobispos será comunicada al Gobierno argentino “para conocer si existen objeciones de carácter político general en contra de la misma”. Nada habla de límites a la actuación de la Justicia. Ese principio lo reafirma el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, quien sostiene que el Vaticano “no tiene ninguna injerencia” en la investigación judicial abierta en Nogoyá. “Es como si no pudiéramos investigar al cura Justo Ilarraz porque los delitos que se le imputan ocurrieron dentro del Seminario. Es una ridiculez ese planteamiento. Ese monasterio no es sede diplomática. No es consultado. Ni es la sede del Estado Vaticano. No tiene ninguna exclusividad. Ahí, en ese lugar, podemos entrar, y aplicar la ley argentina. Es territorio argentino. Los delitos son competencia de los tribunales”, aseguró. García recordó que la única imputada es la priora del convento, y que esa a la única a la que se le tomó declaración. No así al resto de las religiosas que componen el monasterio de Nogoyá. “No la vamos a citar. Las que quieran declarar, pueden ir a Tribunales y hacerlo. Pero no vamos a ir a buscarlas para que declaren. No nos interesa eso. Ya tenemos el testimonio de las exmonjas, y estamos trabajando sobre el delito de privación ilegítima de la libertad”, apuntó. “El delito es ese –puntualizó el procurador--: retener a una persona contra su voluntad. Eso investigamos. Y eso no tiene nada que ver con la orden religiosa. Lo que cuestionan las dos denunciantes no es nada que tenga que ver con la congregación, sino con la privación de la libertad”.

Puiggari buscó defensa penal

El arzobispo Juan Alberto Puiggari contactó a los abogados penalistas Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen para que asuman la defensa de la priora del monasterio, Luisa Toledo. Así lo explicó a EL DIARIO el propio Cullen, quien contó que de momento no han podido entrevistarse con el fiscal –por una cuestión de tiempos—aunque sí se han reunido con las religiosas, en Nogoyá. “Estamos estudiando todos los aspectos, entre ellos, qué jurisdicción corresponde que actúe en este caso”, dijo el abogado. Si bien señaló que lo han conocido hasta ahora es lo que ha salido en los medios –no han estado en contacto con el expediente judicial—adelantó que, como toda causa penal, tiene su complejidad. Y agregó: “Esta causa ha generado un debate sobre hasta donde el Estado puede inmiscuirse en cuestiones de fe. Bienvenido ese debate. En este contexto, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el Derecho Penal debe regular todas las acciones humanas. No todo es Derecho Penal. Debería ser la última herramienta a la que recurre el Estado para privar de la libertad a alguna persona”. Respecto de la defensa técnica, adelantó que van a trabajar en conjunto con un estudio jurídico de Rosario especializado en Derecho Canónico.

(Fuente: www.eldiario.com.ar)


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