Cuatro ministerios de Urtubey denunciados por el abandono a la niña wichi violada y embarazada

La delegación local del Inadi denunció por discriminación a los ministerios de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas, Primera Infancia y Salud por el doloroso caso.

Ministra de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia, Pamela Calleti

En el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se abrió un expediente contra cuatro carteras del Gobierno de Salta y la Intendencia de Santa Victoria Este, por la niña que fue violada por ocho lugareños en Alto La Sierra, quedó embarazada y no recibió las más mínimas asistencias en seis meses.

El jueves de la semana pasada la nena, de 12 años, fue sometida en el Hospital Público Materno Infantil de Salta a una cirugía con la que se interrumpió la gestación de una beba anencefálica, de 34 semanas, que murió minutos después de la intervención.

Al día siguiente, el delegado salteño del Inadi, Álvaro Ulloa, elevó a la sede central del organismo una denuncia por discriminación contra los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos y Justicia.

Sobre el incumplimiento de los protocolos de acción, la falta de respuestas y las fallas de abordaje que sacó a relucir el caso de la niña wichi, Ulloa afirmó que no se trata de un error aislado, sino sistémico.

“La emergencia desnudó a un sistema que está planteado para funcionar a media agua en lugares como Alto La Sierra, donde hombres, mujeres y niños son discriminados, tratados como ciudadanos de segunda y abandonados a su suerte”, insistió ayer el delegado del Inadi.

Ulloa lamentó la naturalización que tienen los tratos discriminatorios entre ciudadanos y autoridades de Santa Victoria, cuya intendencia también fue denunciada. Las actuaciones que abrió el Inadi central concluirán con un dictamen final, luego de los descargos que realicen los organismos denunciados en Salta.

Días atrás, el delegado salteño del organismo nacional emitió una carta abierta, bajo el título “Dónde estuvo el Estado”. En ese escrito, Ulloa remarcó que la niña wichi de Alto La Sierra -la quinta de nueve hijos que nacieron vivos- tiene, como toda su familia, documento nacional de identidad (DNI) argentino. Recordó que la pequeña sufre una discapacidad severa (retraso madurativo y crisis epilépticas), pero nunca tuvo pensión, ni contó con la asignación universal ni nadie les habló a sus padres de todos los derechos de los que se la privó.

El 28 de noviembre de 2015, ocho jóvenes criollos la violaron y nada pudieron hacer otras dos niñas en su intento por evitar el ultraje.

El fiscal norteño Armando Cazón expuso detalles del caso el 9 de diciembre de 2015 y que tuvo repercusión nacional a través de otros medios gráficos, radiales y televisivos. La amplia difusión del caso, sin embargo, no sirvió para que los organismos competentes tomaran nota y respondieran, sin pérdida de tiempo, con los protocolos de actuación y los abordajes interdisciplinarios establecidos para estos casos.

El pasado 25 de mayo, se destapó que la niña abusada en noviembre de 2015 sobrellevaba un embarazo de más de seis meses sin ayuda alguna del gobierno de Urtubey. Así lo había advertido la noche antes, en la Cámara Baja, el diputado Jesús Ramón Villa. Tampoco en esa oportunidad los organismos responsables reaccionaron ante la gravedad de la situación que se describió a través de los testimonios del legislador de Rivadavia, el padre de la niña abusada y el cacique de la comunidad wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez.

Fueron médicos que acompañan al cantante Jorge Rojas en las iniciativas de su fundación, Cultura Nativa, los que el jueves 26 de mayo controlaron a la niña abusada y diagnosticaron, mediante una ecografía métrica, el crítico pronóstico de su embarazo. Fue esa milagrosa intervención la que movió el traslado de urgencia de la niña wichi al Hospital Público Materno Infantil de Salta, para la interrupción de un embarazo que, además del aciago destino de la beba en gestación, ponía en riesgo la vida de la nena de 12 años.

Durante la cirugía, especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) tomaron muestras para los exámenes de ADN que confirmarán, en los próximos días, si existió algún vínculo de paternidad entre los ocho implicados que tiene el abuso denunciado en noviembre -tres de ellos son menores de edad- y la beba que perdió la nena violada.

Más allá del resultado del examen de ADN, la Justicia deberá definir qué tipo de participación y de responsabilidad tuvieron los jóvenes criollos acusados. Esa es, sin embargo, una asignatura coyuntural. La cuestión de fondo pasa por la descoordinación y falta de compromiso que muestra el abordaje institucional del gobierno de Urtubey para responder ante una generalidad de casos de abusos, violencia de género y de violaciones de derechos humanos fundamentales.


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