¡Fallaron todos los mecanismos del Poder Ejecutivo y Judicial obligados a protegerla!

Fuerte denuncia de los diputados por la ineficiencia del Estado en el caso de la menor Wichi violada en Alto la Sierra

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó durante la sesión de esta semana el informe con las conclusiones de lo actuado en referencia al caso de la niña de 12 años que sufrió un abuso sexual en el Paraje Alto La Sierra en noviembre del año pasado. En dicho parte de prensa oficial se señala en primer lugar que “se hizo un repaso de lo realizado, primeramente con la visita a la madre de la menor en el Hospital Materno Infantil, en donde permanecía internada la niña debido a su estado de embarazo”. El texto de ese parte oficial agrega con fuerte tono de denuncia por la ineficiencia del Estado lo siguiente:

“Luego en Tartagal, donde se constituyó la comisión, se entrevistaron con el Juez que lleva la causa, Fernando Mariscal Astigueta, la jueza de menores, Sandra Sánchez, el fiscal penal, Armando Cazón, la asesora de Menores e Incapaces, Eugenia Hernández y la defensora Oficial de Violencia Familiar y de Género, Andrea Magadán.

También se apersonaron al hospital Juan Domingo Perón, para entrevistarse con los profesionales médicos que atendieron a la menor, el Dr. Juan Carlos Limache Mamaní y el gerente del hospital de Alto La Sierra, Ramón Bustamante.

Finalmente se trasladaron a Alto la Sierra en donde dialogaron con el padre de la niña, Nicasio Sánchez, el cacique Arsenio Pérez, los concejales municipales Héctor Martínez y Alejandro Pérez y los agentes de policía Carlos Tapia y Verónica Urrutia.

A partir de los testimonios recogidos por la comisión, los diputados arribaron a las siguientes conclusiones preliminares:

Todas las autoridades judiciales y administrativas obligadas de cumplir con los protocolos de atención integral para los casos de abortos no punibles y para la atención integral de las víctimas de violación, no lo hicieron.

Existieron fallas en los mecanismos gubernamentales del Poder Ejecutivo y Judicial para la contención y el acompañamiento de la víctima y la familia teniendo en cuenta las leyes vigentes al respecto.

Las medidas judiciales tomadas durante el proceso penal por las autoridades no fueron oportunas y conducentes para el esclarecimiento del hecho. Asimismo no se observó la correcta preservación de los elementos de prueba que pueden resultar irreproducibles.

Por último se observó una sobreactuación por parte de los funcionarios judiciales que tomaron parte en el proceso a partir de la intervención de la Cámara de Diputados.

El informe junto a lo manifestado por los diputados en la sesión se remitirán a la Corte de Justicia, el Procurador General, la Defensora General y la Asesora de Incapaces, sugiriendo que se tomen las medidas que pudieran corresponder contra los actores judiciales que participaron del proceso.

Asimismo, se lo remitirá al jefe de Gabinete de Ministros para que inicie un sumario de investigación en los ministerios que debieron intervenir: Derechos Humanos y Justicia, Salud Pública, Asuntos Indígenas, Seguridad y Primera Infancia.

El diputado Mario Ángel expresó que cuando dialogó con el Juez y el Fiscal, “daba la impresión de que para ellos la culpa era siempre del otro y lo real es que por ejemplo el juez ni conocía a los acusados que liberó”.

Además, hizo referencia a la falta de médicos en la zona y lo mal que actuó, a su criterio, el médico legista. Finalmente expresó las sospechas de que todos los acusados mayores de edad se hayan fugado, ya que así lo señalaron en Alto La Sierra.

El diputado Arturo Borelli remarcó la “actitud encubridora de la Justicia en todo momento”, y cuestionó la actuación del ministerio de Justicia, así como también al fiscal Cazón.

Finalmente solicitó que la investigación continúe abierta y propuso se haga un diagnóstico en cinco centros de salud representativos de la provincia para conocer cuál es el conocimiento de la aplicación de los protocolos que tienen.

El diputado Ramón Villa, señaló que este problema no es algo único ni de ahora, sino que se viene registrando desde hace años. Además señaló estar esperanzado que esto sirva para que no vuelva a suceder en el futuro.

Por su parte, Lucas Godoy adelantó que existe la posibilidad de discutir un nuevo protocolo de aborto no punible y que se lo hará con la participación de agrupaciones de mujeres y el Observatorio de Violencia de Género.

La diputada Gabriela Martinich descartó que el caso se pueda enmarcar en una cuestión cultural, y que la denuncia realizada por la madre de la menor es la prueba de ello.

Por ultimo, el diputado Manuel Santiago Godoy afirmó que hubo fallas graves en todo el proceso, por lo que se debe sancionar a los responsables. Con respecto al futuro expresó que los diputados deben estar atento a idear mecanismo que desde las leyes ayuden a evitar que suceda nuevamente un caso similar y planteó la creación de un defensor oficial exclusivo para asuntos indígenas con asiento en Tartagal, como una herramienta al respecto.

El informe y las conclusiones fueron aprobados por unanimidad”

Organismos nacionales denuncian “el abandono del Estado provincial”

Repudian la actitud del gobierno de Urtubey por poner en riesgo la vida de la niña wichi

Diversos organismos de la sociedad civil manifestaron que el gobierno de Salta “puso en riesgo” la vida de la niña wichi de 12 años, quien cursaba un embarazo de seis meses producto de una violación y fue intervenida el viernes para interrumpir la gestación debido a una malformación del bebé.

“A pesar de la denuncia de violación, el Estado no habilitó la posibilidad de practicarle un aborto no punible, contemplado en Código Penal para casos como éste”, destacó la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Mientras, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades repudió “el abandono que el Estado provincial hizo de esta niña”. Mónica Menini, representante de este Foro -quien se puso en contacto con la comunidad Lhaka Honha de Alto en la Sierra a la que pertenece la nena-, precisó que el gobierno “dejó abandonada a la niña wichi al dejarla seis meses con un embarazo ‘inviable’, bajo un protocolo que desconoce la normativa vigente en el país”.

“Fue víctima de una violación de una banda de criollos ajenos a su comunidad; y de otra injusticia, la del Estado que en vez de protegerla a través del Ministerio Público de la Asesoría de Menores de Salta la volvió a poner en riesgo”, sostuvo la letrada.

Hace una semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) también expresaron su “profunda preocupación” por este caso de violencia de género. El comunicado describía que “la niña wichi de 12 años de edad con discapacidad estaba atravesando un embarazo de alto riesgo para su salud física y mental producto, según recientes trascendidos periodísticos, de una violación a manos de grupo de criollos”.

Según el texto, “indicaría un serio desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia”, al no aplicar “el protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales”.

Según señalaba el CELS y la Asociación Lhaka Honhat -dirigido al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al Ministerio de Asuntos Indí­genas y Desarrollo Comunitarios, y al Consejo Nacional de la Mujer- los hechos sucedieron “dentro del territorio ancestral de una comunidad indígena que hace varias décadas reclama el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras”.

Tras este comunicado, el Consejo de la Mujer a cargo de Fabiana Túñez se puso de inmediato en contacto con las autoridades y desde el área de seguimiento de casos de la Línea 144 asesoran a la ONG que acompañaba a la familia de la nena.

“El repudio se basa en una serie de desmanejos que comenzaron cuando se conoció el caso a través de un diputado provincial y ningún funcionario evitó el daño a la nena de 12 años, sobre la que aún hoy el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta sigue pidiendo más medidas de prueba al fiscal para certificar el delito de violación”, dijo Menini.

El hecho ocurrió en el paraje Alto La Sierra, a 85 kilómetros del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, cerca de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay.

El juez Astigueta ordenó la detención de uno de los cinco mayores involucrados en la violación, identificado como Jorge Gabriel Salas, por desobediencia judicial, debido a que no se presentó a comparecer ante la dependencia policial de Alto La Sierra, según lo estableció el magistrado hasta que finalice el proceso.

Los otros cuatro acusados están en libertad por decisión del juez, aun cuando el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó la detención, ya que el magistrado entendió que no existe riesgo de fuga ni pruebas que los incriminen. (Fuente: La Gaceta Salta)


Síguenos...
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
 Artículos Recientes