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Lo que está en cuestión no es lo legal sino lo ético
La Argentina no puede ser indiferente a la situación de Brasil
Si el debate de la corrupción y la ética pública se instaura, Argentina tiene casi asegurado que se consolidará como uno de los países menos transparentes del mundo, según coinciden diversos índices globales.
Mientras la discusión política se instale en que los corruptos míos son entendibles porque forman parte de la causa y los otros abominables, el tema tendrá la misma profundidad que una partida de truco.
Mauricio Macri ha recibido su primer sacudón en serio desde que asumió. Los intentos del Presidente y del Gobierno de generar la sensación de “acá no pasa nada” naufragan a la hora de mitigar el impacto político de la revelación de que el jefe del Estado integra o integró sociedades en paraísos fiscales. Macri y los suyos podrán acertar al argumentar que no se trata de una acción ilegal o cometida en el ejercicio de la función pública (a diferencia de otros casos mencionados en el Panamá Papers que involucran a integrantes del anterior gobierno), pero parecen no dimensionar el impacto en la faz ética del asunto.
La creación de una sociedad offshore y la participación en su directorio no se trata en sí mismo de hechos fuera de la ley, pero lo que está en cuestión no es lo legal sino lo ético. Esas empresas tienen como finalidad ocultar el origen de fondos, escapar a controles y gambetear obligaciones impositivas. Por ende, así no haya tenido ningún tipo de movimiento de capital, es incompatible desde muchos puntos de vista ejercer el cargo de presidente y tener participación en una offshore. Eso es así independientemente de haber asumido después de un gobierno atravesado por la corrupción. El relativismo moral de justificar ciertas acciones porque otro cometió peores es inconducente y riesgoso. Como lo es desconocer lo actuado por uno mismo a la hora de evaluar a los otros. Por caso, el pronunciamiento del bloque de diputados del Frente para la Victoria tiene una riqueza republicana que sería plausible e irreprochable si no fuese por lo acontecido en los últimos 12 años en Argentina.
Dijeron los legisladores kirchneristas ante el Panamá Papers: que el Congreso debe investigar las cuentas en paraísos fiscales; que Laura Alonso no puede encabezar la Oficina Anticorrupción por militancia abierta en el proyecto gobernante; y que el Presidente debe someterse a una conferencia de prensa con periodistas especializados. O sea, que Macri debe hacer lo que no hicieron Néstor y Cristina Kirchner, que bloquearon cualquier control parlamentario, desmantelaron organismos de control, pusieron a incondicionales en puestos clave de la Justicia y no aceptaron casi ningún intercambio con periodistas en 12 años.
En la política argentina, el ejercicio de arrojar la primera piedra se ha tornado hace tiempo bastante complicado. Lo que no obsta que deben separarse caso por caso y que todo lo ocurrido en los años de desfalco kirchnerista avale al Presidente a participar de sociedades en paraísos fiscales. En ese sentido, si la detención de Ricardo Jaime fue una acción para contrarrestar los efectos de la difusión del informe mundial es más que irrelevante. El condenado corrupto acumuló sobrados méritos para estar tras las rejas. Su accionar no puede interpretarse como el del marginal que se excedió en algunas acciones sino como una pieza fundamental de la construcción política de Néstor Kirchner, que actuó–tal como el mismo Jaime dijo en la Justicia–por cuenta y orden de los jefes del proyecto.
La crisis política y económica de Brasil no es indiferente para los argentinos. La crisis política y económica en Brasil, que todos los días alcanza un mayor grado de virulencia, no es indiferente para los argentinos. No lo es en cuanto la Justicia de ese país ha demostrado un fuerte grado de independencia de las presiones políticas, hasta poner bajo la lupa al ex presidente Lula Da Silva, luego de haber encarcelado y condenado a prominentes figuras partidarias y empresarias.
La corrupción se montó en torno de la principal empresa brasileña–Petrobras–, que realizaba contratos millonarios de obras en los que se incluían sobreprecios que se distribuían luego entre funcionarios, políticos y hombres de negocios. Las investigaciones llevaron a la cárcel a ex integrantes del gobierno de Lula, e incluso a Marcelo Odebrecht, responsable de la principal empresa de construcción de Latinoamérica.
El espejo castiga, por contraste, a la Justicia argentina. Del menemismo, se recuerdan escasas condenas, pese a innumerables denuncias de corrupción. Apenas tres funcionarios kirchneristas fueron condenados–Felisa Miceli, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi–, pese a múltiples sospechas, incluso, de lavado de dinero. Tampoco nuestra Justicia decidió profundizar las denuncias de los “arrepentidos” en Brasil, que reconocieron negociados con empresas argentinas. Compañías investigadas ganaron meses atrás millonarias licitaciones.
La Argentina no puede ser indiferente a la situación de Brasil. El Mercosur es un tratado que habilita el libre comercio y el intercambio de bienes, servicios y trabajadores, el cual no puede ser pensado sólo para maximizar ganancias, sino también para atender las necesidades de los países miembros. Tampoco se conocen acciones relevantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que fue creada para la protección de la democracia y el desarrollo de la región.
Los países del continente han preferido tomar distancia del conflicto institucional entre la coalición gobernante y los partidos de la oposición. El cuadro se agravó con la ruptura de la alianza en el poder, al abandonar el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) la coalición oficial. Ni el Mercosur ni la Unasur ofrecieron sus buenos oficios para esbozar una solución a una crisis que parece conducir a la remoción de Dilma Rousseff.
La distancia que tomaron los gobiernos de la región, incluida la administración de Mauricio Macri, puede ser perjudicial para sus propios países. Y el más afectado será Argentina, pues uno de cada cinco dólares que ingresan por exportaciones proviene de Brasil. Una agudización del conflicto expondrá al mercado local a la venta de productos brasileños que no se pueden colocar en el vecino país.
La crisis de Brasil no puede ser desatendida por las naciones de la región. Y es la Argentina la que tiene una responsabilidad mayor en cambiar esa actitud y hacer un aporte decisivo para consolidar la democracia y el crecimiento de Latinoamérica.