El CELS le respondió a Patricia Bullrich por el “Protocolo Anti-piquete”

El protocolo presentado por el ministerio de Seguridad limita las posibilidades de cobertura de la prensa en situaciones de protesta.

El nuevo protocolo no prohíbe la portación de armas de fuego de los policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes.

Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales. No se trata de obstrucciones caprichosas, ni de cuestiones retóricas. Se trata del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la vigencia de los principios democráticos.

Documento del CELS

En declaraciones periodísticas la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se refirió a nuestras críticas al protocolo con el que las fuerzas de seguridad responderán a las manifestaciones. Dijo: "El CELS no sabe leer. Lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes.” Además, Bullrich volvió a enviar un mensaje de tolerancia hacia la represión a la murga en el Bajo Flores. En la puesta en vigencia del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” están en juego aspectos esenciales de la democracia y su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión. Por lo tanto, nos proponemos darle continuidad a este debate iniciado, precisamente, porque hemos leído el Protocolo y porque, a partir del trabajo que llevamos adelante, podemos dar cuenta de las consecuencias que tendrá. El gobierno nacional considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad. En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social. Lamentablemente, también tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los hirieron gravemente. Esa historia explica que distintas medidas tomadas entre 2002 y 2011 prohibieran que los efectivos portaran armas de fuego y establecieran que las balas de goma no pueden ser disparadas al cuerpo de las personas para que desalojen un espacio. El nuevo protocolo no prohíbe la portación de armas de fuego de los policías que pudieran entrar en contacto con manifestantes. Bullrich pretendió aclarar esta omisión diciendo que los efectivos de seguridad que se encuentren en la primera línea de la represión utilizarán “armas no letales”. Sin embargo, no hay ni en el texto de la resolución ni en las declaraciones de la ministra ninguna referencia a con qué criterios se utilizarán estas armas ni qué controles habrá. Se trata de un cambio de política alarmante ya que las llamadas “armas no letales”, entre ellas las balas de goma, producen heridas graves y pueden matar, como ocurrió en el caso del maestro Carlos Fuentealba en 2007. Hemos visto las consecuencias de que las fuerzas de seguridad prioricen el desalojo del espacio público por encima de la vida y la integridad física: en diciembre de 2001, más de 35 personas fueron asesinadas en todo el país, en 2010 dos personas fueron asesinadas en el Parque Indoamericano, en 2013 decenas de personas fueron heridas en el desalojo del Borda y de la sala Alberdi. En todas estas ocasiones el registro fotográfico y audiovisual fue fundamental para denunciar e investigar los hechos y las responsabilidades de los funcionarios. El nuevo protocolo también restringe esta posibilidad al limitar la tarea de los trabajadores de prensa en la cobertura de las protestas. Como señala Bullrich, hemos participado en la elaboración de los criterios de actuación en manifestaciones públicas volcados en la resolución 210/2011. Ese protocolo es muy distinto a éste, ya que prohíbe el uso de armas de fuego y de municiones letales y restringe el uso de balas de goma. En los últimos años, estos criterios no siempre se aplicaron y en todos estos casos hemos criticado los operativos violentos. Lo mismo hemos hecho con los proyectos de ley de distintas fuerzas políticas que se proponían establecer restricciones al ejercicio del derecho a la protesta y que no establecían controles adecuados. El Protocolo refleja un cambio de enfoque que prioriza la represión de las protestas sociales sin tomar ningún resguardo respecto a la integridad física de las personas, criticando incluso que el gobierno anterior sancionara a los efectivos que cometían abusos durante los operativos. Este cambio de enfoque también puede verse en las declaraciones de la ministra sobre la represión por parte de la Gendarmería a la murga en el Bajo Flores: un mes después de que efectivos de esa fuerza dispararon y lastimaron a niños que participaban de una murga, la ministra responsable de la conducción de esa fuerza todavía no condenó a ese accionar. No solo eso, a la pregunta del periodista “¿Las fuerzas de seguridad están entrenadas para resolver marchas sin exceso de violencia, como pasó en la Villa 1-11-14?”, la ministra respondió “Vamos a ver”. Como bien ha dicho la ministra, estamos frente a un cambio de paradigma. La protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos.

Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios.

Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales. No se trata de obstrucciones caprichosas, ni de cuestiones retóricas. Se trata del compromiso con la defensa de los derechos humanos y la vigencia de los principios democráticos.

La amenaza represiva de Bullrich: "Si no se van en 5 minutos, los sacamos"

"Les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a radio La Red, en relación al protocolo difundido ayer por el Ministerio de Seguridad, que busca establecer "reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes". La ministra consideró que la jornada en la que se registraron unos 200 cortes en todo el país pidiendo la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amarú, Milagros Sala, fue un "caos" y desde el Gobierno "no queremos que esa situación siga sucediendo". "A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron ayer", advirtió la ministra, quien informó que en los próximos días les avisarán a las organizaciones sociales que "no podrán cortar las calles" y que "deberán hacerlo de manera ordenada cuando sea programada; y cuando sea espontánea, procederemos casi inmediatamente". Bullrich aclaró que "no es que se van a prohibir las manifestaciones", sino que los manifestantes deberán avisar con antelación por dónde quieren marchar, cuántas personas se prevé que participarán y en qué horario, para poder "avisar a la población y habilitar una parte" para protestar. En los casos de las protestas que no sean avisadas con antelación, "las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", sin la intervención de la Justicia, informó. La funcionaria anticipó también que no se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes entre los manifestantes. "Si hay una negativa para entregarlos, se los va a detener", indicó. La ministra de Seguridad precisó que la instrucción que recibió del presidente Mauricio Macri es que "haya convivencia, que no haya más cortes, que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo tranquila y los manifestantes lo hagan en lugares donde no interrumpan el tránsito".

Protocolo anti piquete: Bullrich no quiere que los periodistas cubran la represión

Por Nicolás Adet Larcher

La semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un nuevo protocolo para “desalojar” manifestaciones: el mismo fue denunciado por organismos de derechos humanos y parte del arco opositor. El mismo, da vía libre a reprimir protestas, al tiempo que las prohíbe si carecen de autorización judicial y no determina explícitamente que las fuerzas de seguridad no deben utilizar armas letales.

Más allá de estos datos, poco se habló de uno de los puntos esenciales del protocolo que se refiere a la tarea periodística. Según la normativa, se establecerá “una zona determinada” para los medios y fotógrafos, donde se garantice la protección de su integridad física y “no interfieran con el procedimiento de las fuerzas de seguridad”. En pocas palabras, el protocolo determina que los periodistas serán colocados en una zona apartada del conflicto donde se limitará la cobertura de los hechos.

La medida fue leída dentro del mundo de la comunicación como un pase libre a la impunidad para quienes gatillen y como una forma de intimidación hacía aquellos periodistas que no decidan permanecer en el “corralito” creado. “El protocolo es una bajada concreta escrita y no escrita. Busca tener el control absoluto, tanto de la gente que se manifiesta como del rol de la prensa. ¿Qué va a pasar cuando te salgas del corralito?” se preguntó el fotógrafo Pepe Mateos, reconocido por captar el instante en que el comisario Alfredo Franchiotti disparaba sobre Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Fotografías que fueron esenciales para determinar que Franchiotti fue quién gatilló el arma y diluir la versión del gobierno que afirmaba que las muertes se atribuían a una batalla entre piqueteros.

Por su parte, La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) junto al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), expresaron su preocupación y repudio respecto a las limitaciones establecidas en el protocolo. Para FOPEA “el texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación” ya que “no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría”. También agrega que “este artículo podría significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo”.

Para REDCOM, “muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores” al tiempo que agrega que el establecimiento de una zona determinada para trabajadores de prensa “implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Con el establecimiento del protocolo, la vía libre para reprimir se aplicará hacía los manifestantes, pero también hacia el periodismo, que solía ser una forma de apaciguar hasta cierto punto tendencias represivas. Para el fotógrafo Gonzalo Martínez (quién cubrió la represión de 2001), el periodista en medio de un hecho de violencia podía actuar como escudo porque las fuerzas de seguridad “frenaban un poco la intención de la golpiza” al ver a trabajadores de prensa, recordando una imagen de él abrazando a una de las madres de Plaza de Mayo para protegerla de posibles agresiones de parte de la policía.


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