Problemas a resolver
Los análisis sobre la transición entre el gobierno saliente y el entrante tienden a concentrarse en los serios problemas derivados de la falta de dólares y del exceso de pesos generado por el financiamiento espurio del déficit fiscal. Sin embargo, tan compleja como la dimensión cambiario financiera es la cuestión del aparato productivo del país.
Sin dudas, en caso de que después del 10 de diciembre la economía comience a funcionar con menos trabas, con un precio del dólar más realista, y con pautas monetarias y fiscales que organicen las expectativas, las decisiones de las compañías se habrán de facilitar. Pero también es cierto que, luego de cuatro años de una cada vez más acentuada desconexión con el resto del mundo, es lógico que un sector de empresarios se pregunte con qué se habrán de encontrar si es que la economía se vuelve a integrar con los países de la región y el resto del mundo.
¿Podrán ser competitivos? Hay datos muy preocupantes, caso del achicamiento de 8.000 millones de dólares de las exportaciones industriales desde 2011. La merma, de 28 %, contrasta notablemente con lo ocurrido en los últimos cinco años de la convertibilidad, cuando las exportaciones industriales subieron un 29 % (1996 a 2001) compensando parcialmente la recesión interna.
Problemas para exportar. Hoy no es sencillo “ponerse en los zapatos” de un industrial cuya empresa fabrica productos que requieren insumos importados y que, a su vez, dirige una parte de su facturación a mercados internacionales. No se trata sólo del tiempo que tiene que dedicarle a multitud de trámites aduaneros y cambiarios, no siempre exitosos, ni al hecho de que, en realidad, pueda estar trabajando a pérdida con sus despachos al exterior.
A eso se agrega la preocupación acerca de cómo habrá de aterrizar su empresa hacia mediados del año próximo, dado que descuenta modificaciones de la política económica. Sabe que el tipo de cambio se habrá de mover, pero no cuánto lo harán sus costos. Percibe que los controles al comercio exterior perjudican su competitividad, pero se pregunta qué ocurrirá con las importaciones si es que las trabas se levantan. Tampoco está tan seguro acerca de cuántas puertas podrán volver a abrirse de su clientela externa ya que el tiempo no pasa en vano; puede haber ahora competidores más actualizados tecnológicamente o más agresivos por la existencia de capacidad ociosa en sus países de origen.
Considerando datos agregados, es difícil pensar que aquellas preocupaciones puedan estar siendo exageradas. En los últimos 12 meses, las exportaciones de manufacturas de origen industrial totalizaron 20,8 mil millones de dólares, marcando un descenso de nada menos que un 28 % frente al registro de 2011, un fenómeno inusual que, a su vez, ocurre en un contexto de aumento de la capacidad ociosa de las fábricas: tradicionalmente, cuando la economía entraba en recesión, las industrias compensaban parte del freno interno con mayores exportaciones. Esto es lo que ocurrió en los últimos años de la convertibilidad, cuando las ventas al exterior de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) subieron un 29 % entre 1996 y 2001. Y eso que desde 1999 hubo que convivir con la devaluación del real brasileño.
Causas de la caída. La referencia a los últimos años de la convertibilidad permite llamar la atención sobre la seriedad del problema actual. ¿Por qué ha sido tan fuerte la caída de las exportaciones manufactureras en los últimos cinco años? Obviamente, la brecha cambiaria ha jugado un rol muy negativo. Es posible que exista subfacturación de exportaciones pero, además, hay insumos cuyos precios han seguido más de cerca la evolución del “blue” que del mercado oficial. Además, los costos laborales en dólares han escalado en estos últimos años, mientras que la deflación del último período de la convertibilidad permitió una leve caída en esta variable. Desde el tercer trimestre de 2010 hasta igual período de 2015, el costo laboral unitario de las industrias argentinas, que tiene en cuenta la incidencia de la productividad, subió en dólares nada menos que un 47,1 %.
Otro elemento es que, a diferencia de 1999, la devaluación del real brasileño vino esta vez acompañada de una profunda recesión. Las restricciones de abastecimiento de gas en invierno y de electricidad en verano también han tenido su importancia. Sin embargo, más allá de estos determinantes, en el podio seguramente está la incertidumbre que han venido sufriendo las firmas locales a la hora de rubricar contratos con los clientes del exterior.
Primero, aparecieron las dudas sobre la evolución de los costos locales, desde que la inflación se instaló en el andarivel del 25 % anual. Esa dificultad se potenció por una política cambiaria errática, que en los últimos 18 meses se transformó directamente en un remedo de la “tablita”. El combo negativo se completó con la pérdida de automaticidad del comercio exterior y de los pagos al exterior. Sin garantías de acceso a insumos y partes importadas, asumir compromisos de exportación se hizo cada vez más temerario.
Así, la irrupción de la burocracia en el comercio exterior puede haber costado miles de millones de dólares en exportaciones (y quien sabe cuántos puestos de trabajo). Y es muy probable que se haya afectado mucho más a las Pyme que a las grandes empresas, pues estas tienen más recursos para superar imprevistos.
Agenda difícil. Por todo esto, la agenda del próximo Gobierno vinculada con la recuperación de las exportaciones industriales luce mucho más complicada que la correspondiente al sector agroindustrial. En éste último caso, se trata de una cuestión de tipo de cambio, de bajar o eliminar retenciones y de acabar con los cupos y las restricciones al comercio exterior.
En cambio, para el caso de la industria es muy probable que esas mismas medidas impliquen inicialmente una reacción mucho más rápida del lado de las importaciones que de las exportaciones. Y en magnitudes nada despreciables. Si quisiera evitarse ese efecto, habría que ubicar el tipo de cambio en un nivel demasiado elevado, con impacto sobre la inflación y los salarios. La otra opción sería postergar indefinidamente el levantamiento del cepo, pero esto tampoco es aconsejable debido a sus múltiples efectos negativos sobre la competitividad, como se analizó más arriba.
De modo que se impone un diseño cuidadoso para la transición del sector productivo, tanto como para la dimensión cambiaria financiera, ya que no ha resultado gratuito el corsé impuesto a la economía, con racionamiento de las cantidades a comprar y vender. Mucho más eficiente y asociado a objetivos de competitividad es comenzar a desplazar el centro de gravedad hacia un esquema en el que sean los precios los que tengan la “responsabilidad” de racionar los recursos más escasos.
Para evitar que ese racionamiento por precios signifique un dólar demasiado alto, quizá convenga una transición con fecha cierta de finalización, en la que la protección a los sectores más sensibles a las importaciones (indumentaria, calzado, juguetes, electrónica de consumo) baje más gradualmente. Para hacerlo con los menores controles posibles, el instrumento son los aranceles. Deberían ser elevados pero, de hecho, serían más bajos que los que hoy rigen en forma implícita, por las trabas existentes.
Venta de dólares a futuro
De qué se trata. La compra y venta de futuros de dólar o de otros activos (oro, granos, petróleo, títulos, y otros) se utiliza como cobertura de otra operación; para exportadores e importadores funciona como una suerte de seguro de cambio, o para obtener una ganancia financiera.
Un contrato de futuro es un compromiso para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. Al momento del vencimiento, el vendedor o el comprador obtiene una ganancia o pérdida, según el precio sea mayor o menor al pactado.
Cabe aclarar que todas las transacciones se realizan en pesos, y las diferencias de cotización se van integrando en forma diaria por compradores y vendedores.
Qué pasó. El problema en este caso es que, ante las perspectivas de una devaluación tras el cambio de Gobierno, abundaban los compradores y la falta de la punta vendedora fue cubierta, en gran medida, por la autoridad monetaria para bajar el precio. Detrás de esta operación, que originó la denuncia que motorizó el referente de Cambiemos y expresidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, está la sospecha de que el Gobierno busca abastecer a los grandes demandantes de dólares por esta vía indirecta, y así quitar presión y bajar la cotización del dólar.
En concreto, se acusaba al ente monetario de vender dólares a futuro a un precio incluso menor que el dólar ahorro (10,65 pesos en marzo, al momento de la denuncia). Este valor era más bajo que la cotización de los mismos contratos en Nueva York, que en octubre estaban a $ 14 y luego de las elecciones subió por encima de $ 15,50.
La mayor cantidad de operaciones se concentran en los próximos seis meses y según datos del mercado hay más de 12 mil millones de dólares en contratos de futuros abiertos, de los cuales una gran parte corresponde al Banco Central.
Si hubiera una devaluación, en ese momento el ente monetario debería desembolsar montos millonarios de pesos. Si no los tiene, los deberá emitir. El Banco Central, en consecuencia, está impactando desde ahora en las finanzas de la nueva gestión con compromisos que implicarían mayor inflación.