Coparticipación federal: Unos quieren sincerar las cosas; otros… impedirlo

Entre los debates que Argentina repite hasta el cansancio, sin agotarlos, el referido al carácter poco federal del país ocupa un puesto estelar. Reaparece, cada tanto, fogoneado por provincias que se sienten discriminadas por un reparto discrecional de fondos, mientras otras prefieren el cómodo silencio de los que participan de la fiesta sin demasiados méritos propios.

Es un tema central porque la relación entre el Gobierno nacional y los provinciales es siempre fluctuante y sujeta a condimentos políticos que no pocas veces obligan a verdaderos actos de genuflexión. Pero, además, porque las prácticas unitarias acentuadas en la última década se formalizan a la sombra de una Constitución nacional que nos define como un país federal. Paradójico, pero cierto.

Estos contrastes emergieron en el reciente coloquio “Democracia y Desarrollo”, en el que se aportaron ejemplos lapidarios: un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, de la Universidad Nacional de Salta, cifra en 35% el índice de pobreza de la provincia y que ubica al 16% de los salteños sin agua potable y al 21% viviendo en condiciones de hacinamiento. Para más datos, el economista y director del instituto, Jorge Paz, agrega: “Quiero aclarar que éstas son estimaciones de la zona urbana, no de las zonas rurales”. En otras palabras, los números podrían ser peores. Esto mientras la Nación se queda con el 75 % de los recursos, pero sólo ejecuta el 55 % del gasto nacional, frente a las provincias que reciben el 25 %, pero gastan el 45 % del total ejecutado.

La Ley de Coparticipación de 1988, nunca modificada, es propia de un país que ya no existe: antigua e injusta. Quedó sometida a los arbitrios de la Constitución de 1994, un instrumento que quiso ponerla a salvo de manipulaciones y se revela como una de las tantas fallas plasmadas hace más de 20 años. Antes que salvaguardar derechos, se consagró un sistema injusto, cuyos beneficiarios resienten cualquier retoque. Muchas provincias que desempeñan la función de verdaderas mendigas del poder central siguen sin concretar avance alguno, pese a los fondos que por décadas otras más productivas les cedieron.

Urge sincerar las cosas, tanto como les urge a muchos impedir tal sinceramiento. Ni en el más utópico de los mundos podría imaginarse a amables gobernadores comprometidos en modificar un estado de cosas que les ha permitido disponer del poder a su antojo. ¿Cómo avanzar sobre un problema que casi todos se empeñan en negar? Una de las ideas expuestas en el citado coloquio, la de un fondo compensador, podría ser viable, pero son muchos los que deberían ponerse de acuerdo. Y, como suele suceder, bien podría el Gobierno nacional apelar al recurso de dividir a quienes reclaman, privilegiando a algunos de ellos.

Sucesivos gobiernos lo hicieron tantas veces como para que luzca ingenuo suponer que el próximo gobierno no lo hará. El punto nodal de la cuestión radica, entonces, en problemas más profundos. Quizá el debate entre todos los gobernadores debería pasar por la concepción de federalismo que cada uno sustenta. Puede que sus ideas nos produjeran más de una sorpresa