Cuando el tiempo también equivale a impunidad

La causa penal por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario Marcelo Cil, vuelve a un tribunal provincial

• En una justicia como la salteña los funcionarios del gobierno de Urtubey tienen casi garantizada la absolución y, de avanzar este pernicioso esquema, es probable que los corruptos exijan que les pidamos disculpas.

Un escueto parte de prensa del Poder Judicial de Salta da cuenta de que la causa penal por la que se investiga al ex funcionario Marcelo Cil seguirá su trámite en un tribunal provincial. Nada nuevo bajo el sol. Nunca estuvo en duda que la investigación debía centrarse en su comportamiento como Secretario de Asuntos Municipales y establecer si ese cargo fue utilizado ilícitamente para mejorar vertiginosamente su patrimonio personal. Fue denunciado como funcionario provincial y debe intervenir, mal que nos pese, un fiscal de Urtubey.

La estrategia defensiva de Cil buscó evitar que la pesquisa continuara. El costo político rozaba a su superior inmediato Carlos Parodi, quien también fue denunciado por idéntico delito y recibió tratamiento privilegiado y archivo express. ¿Acaso alguno duda de que un funcionario de segunda línea tiene permitido meter la mano en la lata si no reporta el dividendo o lo reparte en vía ascendente? Más lógico es concluir en que, de haber fraude a la Provincia, este ilícito se ejecutó con anuencia o aprobación de los jefes.

Es por eso que el ex futbolista buscó la demora invocando sutilmente que correspondía que lo investigara la Justicia Federal. Dio a entender que el supuesto origen de su crecimiento económico se correspondía con los ingresos de su ex esposa como funcionaria de la AFIP. Postura poco hidalga que determinó que la madre de sus hijos fuera investigada por el organismo impositivo nacional. En la defensa vale todo, según algunos letrados que ofician de cómplices de fiscales amanuenses.

Su intención fue sembrada en terreno fértil y el desprestigiado fiscal Guillermo Akemeier se declaró incompetente y paró la pelota dirigida a Cil. El fiscal federal consideró que tampoco le correspondía intervenir y la cuestión terminó generando la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una dilación de más de un año.

Vale aclarar que la investigación nunca se abrió y es dudoso que avance cuando ya no existe la presión de ciudadanos que conocieron al denunciado en tiempos de vacas flacas y se sintieron repugnados por la opulencia de la que hacía gala luego de incorporarse al plantel de Parodi. Los que lo cuestionaban ya están anestesiados y resignados.

Akemeier realizó un simulacro de pesquisa en medio del escándalo pero nunca dispuso diligencias eficientes como para establecer si Cil es inocente o culpable. Cinco inmuebles, dos autos y viajes al exterior no fueron suficiente argumento para un alfil del Procurador General. Casi se atrevió a sugerir que es normal que en menos de dos años alguien pueda amasar esa fortuna.

Por este tipo de actitudes funcionales deleznables recibió el ascenso a Fiscal de Impugnación y hoy mira desde arriba a la nueva oleada de archivadores de causas a quienes les basta para obtener la chapa de fiscal el garantizar obediencia y la promesa de que la corrupción no será motivo de actuaciones diligentes.

El olvido colectivo hoy es un socio imprescindible de Cil que toma cuerpo y beneficia a quien en tiempo no lejano se internó en el oprobio, pero que sigue comprometido con un gobierno que revalidó su apoyo en las urnas. No faltaran quienes pregonen que los salteños votaron en Mayo pasado la continuidad de Urtubey y, también, la redención de funcionarios como Parodi y Cil.

Cil ya entiende que ha triunfado. La impunidad casi lo abraza. Algunos lo relacionan con la inauguración de otro complejo de canchas que, esta vez, no figuran a su nombre. Se alegran de que no haya torpezas a la hora de invertir ni costos políticos para el gobierno.

En una justicia como la salteña los funcionarios del gobierno de Urtubey tienen casi garantizada la absolución y, de avanzar este pernicioso esquema, es probable que los corruptos exijan que les pidamos disculpas.

El informe oficial

“Una causa por enriquecimiento ilícito seguirá en la Justicia Provincial”

La información oficial del Poder Judicial se difundió con fecha 1 de Julio a través de la Dirección de Prensa y Comunicaciones, y en los siguientes términos:

• “El Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, tramitará una causa seguida contra Gustavo Marcelo Cil por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Corte Suprema de la Justicia de la Nación resolvió una contienda de competencia suscitada con el Juzgado Federal 1 de Salta.

Para ello, tuvo en cuenta que el delito investigado es contra la administración pública local por un funcionario del mismo carácter, por lo que la competencia recae en la Justicia Provincial.

La denuncia fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal.”