Jujuy y su década ganada de violencia “social”

Milagro Sala a un paso del juicio oral por la patoteada al senador radical Morales en 2009

Jujuy © – El Tribunal Oral Federal resolvió el pasado viernes “no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba” solicitado por la defensa de Milagro Sala, Gustavo Salvatierra y Graciela López. De esta manera, el tribunal habilitó el camino hacia el juicio oral y público, por lo que debería fijarse próximamente la fecha del inicio de las audiencias de debate, señaló el abogado de la querella, Luciano Rivas.

Milagro Sala, López y Salvatierra deberán sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de daño agravado y amenazas cometidos en 2009, durante una conferencia que se desarrollaba en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con la presencia del senador nacional Gerardo Morales, los Auditores de la Nación Leandro Despouy y Alejandro Nieva, entre otros funcionarios, aseguró el letrado.

Luciano Rivas y Gastón Morales, en una rueda de prensa, dieron a conocer la resolución judicial, que representa un nuevo revés judicial para Milagro Sala y “una oportunidad para ponerle fin a la impunidad y a la violencia en Jujuy”, señalaron desde la Unión Cívica Radical.

Explicaron Rivas y Morales que frente a esta resolución, no corresponde apelación alguna, toda vez que para que ello ocurra es necesario que “se haya causado un gravamen o que la resolución tenga efecto de sentencia definitiva”. Por ello indicaron que cualquier interposición de recursos por parte de la defensa de los procesados, sólo constituirá una obstrucción deliberada a la continuidad del proceso.

Por ello, estimaron que debe continuar el proceso, anticiparon que solicitarán que se fije fecha para el inicio de las audiencias de debate y se desarrolle el juicio oral y público.

“En este juicio se investigan hechos graves, toda vez que se atentó contra las instituciones de la Nación y se atacó al Estado nacional”, afirmaron y señalaron que la pena máxima que podría imponérseles a los procesados es de 6 años por los delitos de amenazas y daños agravados.

“Estamos frente a una causa que pone de manifiesto un ataque violento y planificado de la procesada Milagro Sala, motorizado por Salvatierra y López, que estuvo destinado a disuadir al senador Morales y al resto de los funcionarios nacionales que participaban de una jornada sobre control público el 13 de octubre de 2009, donde se iba a informar a la sociedad sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos cometidas por organizaciones de Milagro Sala”.

“Esto se vincula con el clima de violencia e impunidad que vivimos en Jujuy desde hace 10 años, con un amplio registro de hechos, como destrucción de patrimonio, agresiones, amenazas, aprietes y hasta inclusive muerte de personas, en el marco de un clima de odio y violencia”, analizaron.

Por eso insistieron que esta resolución tiene un alto valor institucional, toda vez que contribuye a que haya justicia, se termine el clima de violencia y la impunidad que ha alimentado ese clima.

“Para luchar contra la violencia necesitamos justicia independiente y garantizar el cumplimiento de la ley. Es la única forma de acabar con la impunidad y la violencia”, dijeron los abogados y señalaron también “la complicidad del Gobierno de la Provincia de Jujuy, que frente a este clima de violencia sistemática, ha adoptado una actitud relajada y permisiva”.

Cabe recordar que en una audiencia celebrada en la sede del Tribunal Oral Federal, el 23 de abril último, se escucharon los argumentos de las partes y el dictamen del Fiscal, La defensa de Sala, Salvatierra y López habían solicitado la suspensión del juicio a pruebas y a cambio pidieron reparar el daño ocasionado realizando trabajos comunitarios en la Secretaría de Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico que conduce Eduardo Huáscar Alderete. El Fiscal Francisco Snopek acompañó el pedido, en tanto los abogados querellantes Rivas y Morales fundamentaron su negativa, dada la naturaleza de los hechos investigados, la conducta de Milagro Sala, sus antecedentes y su comportamiento posterior a los hechos.

Pero además, pusieron de relieve que el ofrecimiento de trabajo comunitario –que contaba con la anuencia del Secretario Eduardo Huáscar Alderete, funcionario de la administración de Eduardo Fellner- resultó “un planteo en abstracto, impreciso, poco claro”. Y señalaron la incapacidad de los procesados para cumplir el trabajo que ofrecían para resarcir los daños provocados en 2009.

Los querellantes recordaron los fundamentos por los cuales la suspensión del juicio y el trabajo comunitario ofrecido (Probation) resultaban inadmisibles y expresaron que la resolución del Tribunal constituye un avance hacia la administración de justicia para ponerle límites a una cultura de la violencia que amenaza el sistema democrático.

También volvieron a objetar la conducta del fiscal Snopek, “miembro de Justicia Legítima” y recordaron que el 23 de abril llegó junto con la movilización organizada por la Tupac Amaru en lo que constituyó una clara presión hacia el Poder Judicial. Snopek, “actúo más como un defensor que como fiscal, haciendo afirmaciones arbitrarias para favorecer el pedido de Probation”, dijeron.

“La resolución es jurídicamente satisfactoria” apreciaron los abogados querellantes y atento a que no se han conocido aún los fundamentos de la resolución, eludieron hacer mayores consideraciones. (Fuente: www.ellibertario.com)

Artimañas procesales y violencia política

Por Alejandro Nieva

El 16 de octubre de 2009 un grupo de individuos de la organización Tupac Amaru, irrumpió a gritos y empujones al Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Jujuy. Tenían una finalidad clara: impedir a cualquier costo la realización de un congreso de trasparencia pública, en el que yo participaba junto al Senador Gerardo Morales y el Dr. Leandro Despouy. Íbamos a revelar datos sobre la ausencia de control de los recursos nacionales enviados a la Provincia y administrados por cooperativas vinculadas a la Tupac. Nos arrojaron sillas, butacas y todo objeto a su alcance. Antes de irse, destrozaron el lugar.

Milagro Sala negó rotundamente su participación en esos hechos. Finalmente, luego de que el Poder Judicial, incluida la Corte Suprema, confirmara su procesamiento y rechazara todas sus presentaciones, Sala procura escudarse en la figura de la Probation. Con este artilugio procesal pretende evitar sentarse en el banquillo de los acusados y la posibilidad de que su forma violenta de hacer política sea juzgada.

El instituto jurídico al que recurre tiene una finalidad garantista y noble. Busca humanizar el proceso penal a través de la suspensión del juicio penal a prueba. En particular, intenta descomprimir a la administración de justicia en los casos de sujetos que delinquieron accidental o circunstancialmente y que, dadas sus condiciones particulares, difícilmente vuelvan a hacerlo.

Pero este ni es el caso de Sala ni el de los hechos por los que se la investiga. En el expediente hay pruebas muy convincentes de que ella tenía un estrecho vínculo con sus autores materiales. La sitúan como instigadora de quienes nos amenazaron y agredieron.

Más allá del curso procesal que los jueces otorguen a este pedido desesperado, pienso que una reflexión profunda sobre las maneras de hacer política en nuestra provincia es necesaria. Los hechos por los que Sala hoy pide no ser juzgada, sólo son una pequeña muestra de los vicios que deben ser desterrados de nuestra política actual: sectarismo, fanatismo, intolerancia.

De todos modos, ellos son sólo una rústica versión de otras formas de violencia, más sutiles, pero igualmente adversas al diálogo y la deliberación. Los jujeños debiéramos rechazar las recurrentes acciones delictivas ejercidas por Milagro Sala, con la misma fuerza con la que debiéramos criticar los frenéticos intentos del oficialismo por modificar las reglas del juego democrático a pocos días de llevar a cabo una elección. También hay violencia política cuando se oculta información, se tergiversan los canales esenciales del diálogo institucional o se los usa instrumentalmente para provecho personal o de amigos.

Estas son las dos caras de la violencia política, una moneda corriente en nuestra Provincia. Es un hecho notorio que en Jujuy el derecho a la educación y el derecho a la vivienda digna dependen de las afiliaciones políticas de sus destinatarios. Existen claros responsables de esta situación. La Organización Tupac Amaru es la que actúa en forma directa. Somete a situaciones de dominación a quienes más sufren, presiona violentamente a quienes no asienten sus decisiones e intenta acallar a quienes la critican. El gobierno provincial, por su parte, adopta posiciones complacientes, no controla ni las asignaciones de vivienda ni las condiciones jurídicas por las que ellas se otorgan. El verdadero efecto de este accionar es uno muy concreto: instalar la violencia como forma de accionar político.

Aquellos que tenemos responsabilidades políticas y un firme compromiso ciudadano, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Desde nuestro lugar, debemos enfrentar esta situación tan triste y deplorable. Todos los jujeños debemos ponernos de pie con el mismo convencimiento: sólo el diálogo es el medio democrático para hacer política.

Independientemente de la suerte jurídica de la artimaña de Milagro Sala, debiera quedar claro que no es con insultos y violencia como se ganan votos. Solo con propuestas, diálogo y democracia se consigue el apoyo ciudadano en Jujuy. Aun cuando logre eludir a la justicia, debiera aprender que su forma delictiva de hacer política es condenada rotundamente por la sociedad jujeña. Ese escarnio, no podrá eludirlo.